PGE: Un pacto lleno de zancadillas

La gestión del acuerdo PP-Cs vuelve a dejar en evidencia la mala relación entre los «socios».

El acuerdo presupuestario con el Gobierno que Ciudadanos escenificó ayer se presentó por primera vez en septiembre del año pasado. Luego se desencadenó el vendabal catalán y entró en juego el artículo 155 de la Constitución, y la formación naranja encontró margen para intentar sacar más rédito de su apoyo a las cuentas que hoy aprobará el Consejo de Ministros. El jueves pasado Albert Rivera habló con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el viernes el PP anunció que la senadora Pilar Barreiro, imputada por el «caso Púnica», dejaba el Grupo Popular para pasarse al Grupo Mixto. El Gobierno cumplimenta así el trámite de tener de su lado los 32 escaños de Ciudadanos, insuficientes si el PNV no cambia de posición y renuncia a mantener el bloqueo de los Presupuestos en tanto esté en vigor la intervención de la Generalitat de Cataluña. Las enmiendas a la totalidad se votarán a finales de abril, y ahí se acaba el plazo si antes no hay Gobierno de la Generalitat o los nacionalistas vascos no revisan su discurso.

En cualquier caso, en lo que afecta a la negociación del Gobierno y de Ciudadanos, a Rivera no le ha sido suficiente con cobrarse la cabeza de Barreiro y ayer se apresuró a adelantarse a la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para atribuirse todas las buenas noticias que traen las cuentas que hoy llegan al Consejo de Ministros. Incluida la subida de las pensiones mínimas que anunció Rajoy en el Congreso, en el Pleno monográfico con el que respondió a las movilizaciones en la calle para reclamar la revalorización de las pensiones. Con aquel anunció buscó rebajar presión sobre su Gobierno, pero ayer Rivera le quitó todo mérito en esta decisión.

En rueda de prensa, Albert Rivera garantizó el apoyo de sus 32 diputados para respaldar en el Parlamento el proyecto de Presupuestos Generales y atribuyó a su formación el logro de una rebaja en el IRPF –que afectará más de 7,2 millones de pensiones– y una subida del 2% de las mismas, que beneficiará a los jubilados que ingresen entre 600 y mil euros, mientras que quienes cobran entre 1.000 y 1.250 euros se beneficiarán de una rebaja fiscal de entre 30 y 60 euros al mes. La subida de las pensiones de viudedad también será de un 2% para las más bajas.

A parte de las subidas en las pensiones, Rivera también destacó la regulación del complemento salarial de 400 euros para los jóvenes que se encuentren en proceso de formación, la ampliación de los permisos de paternidad a una semana más (hasta cinco en total), el cheque fiscal de 1.000 euros en impuesto negativo para familias con hijos de entre 0 y 3 años a su cargo, y el aumento de 500 millones de euros en las partidas presupuestarias que se dedicarían a la equiparación de los sueldos de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil respecto al resto de fuerzas de autonómicas, también incluye un aumento presupuestario para infraestructuras, como para el Corredor del Mediterráneo. Ademásde estas medidas, Albert Rivera destacó que este acuerdo con el Gobierno cumple también con el límite de déficit que exige Bruselas, lo que valoró positivamente porque «nos da estabilidad, seriedad y rigor a España como país». La «zancadilla» de Rivera tuvo su réplica por parte de Montoro, que horas más tarde no ocultó su malestar con el líder de Ciudadanos y ni siquiera confirmó las cifras dadas por éste. Además de reivindicar para Rajoy la subida para los pensionistas. El resultado fue que lo que en teoría era la foto de un acuerdo sirvió realmente para evidenciar la distancia que hay entre los dos partidos, socios coyunturales y por razones puramente tácticas. La estrategia de quitarle el balón al socio de investidura en plena jugada ya la ensayó Ciudadanos con los Presupuestos de Cristina Cifuentes, en Madrid, y ayer fue simplemente otra repetición del movimiento. La imagen que quedó fue la de dos partidos que tienen que representar que se esfuerzan en entenderse por objetivos distintos pero por un mismo motivo, a ninguno de los dos le conviene que haya elecciones generales. En el caso de Ciudadanos, la clave de su estrategia se basa en desestabilizar al Gobierno, pero cuidándose de no aparecer ante la opinión pública o el electorado de centro-derecha como el responsable de que no haya estabilidad política.