El debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España ha sumado una nueva y provocadora propuesta que desafía el modelo único para todo el territorio nacional. El economista Santiago Niño Becerra ha puesto sobre la mesa una idea que rompe con el esquema actual al afirmar en X que “El Salario Mínimo Interprofesional no debería ser el mismo en toda España”. Su argumento se sustenta en una realidad incontestable: la profunda brecha en el coste de la vida que separa a las distintas provincias, lo que convierte una misma nómina en un poder adquisitivo muy diferente según dónde se resida.

De hecho, las cifras que respaldan su planteamiento revelan un mapa económico de notables contrastes. Barcelona se sitúa a la cabeza como la provincia con el coste de vida más elevado, un 40 % por encima de la media nacional. Le sigue de cerca Palma de Mallorca, consolidando el archipiélago balear como uno de los territorios más caros para vivir. La capital, Madrid, tampoco se queda atrás, registrando un coste un 20 % superior al promedio del país, lo que evidencia la enorme presión económica que soportan los habitantes de las grandes urbes.

Por otro lado, la situación en otras zonas de España presenta una realidad radicalmente distinta. Provincias como Lugo, por ejemplo, muestran un escenario completamente diferente, con un coste de vida que llega a ser un 14,13 % inferior a la media. Esta disparidad pone de manifiesto que un salario mínimo uniforme puede resultar insuficiente para cubrir las necesidades básicas en las regiones más caras, mientras que su impacto es muy diferente en las más asequibles.

Un debate que trasciende lo económico

En este sentido, la propuesta de un SMI diferenciado por territorios aterriza en un contexto social marcado por la inquietud económica generalizada. La constante subida de los precios, las crecientes dificultades para acceder a una vivienda y la incertidumbre en el mercado laboral figuran entre las principales preocupaciones de los españoles. El planteamiento de Niño Becerra, por tanto, no solo abre una discusión teórica, sino que conecta directamente con los problemas cotidianos que afronta una parte considerable de la ciudadanía.

No obstante, la aplicación de una medida de esta envergadura no estaría exenta de desafíos. La principal dificultad radicaría en establecer los criterios para delimitar las diferentes zonas geográficas y actualizar periódicamente los umbrales del SMI en cada una de ellas. Además, una iniciativa de este tipo podría abrir la puerta a complejidades técnicas y sociales, como el posible fomento de la despoblación en ciertas áreas o la generación de nuevas desigualdades entre trabajadores de territorios colindantes, cuestiones que necesitarían un análisis pormenorizado antes de su eventual implementación.