"Una coyuntura de incertidumbre e indefensión", eso es lo que denuncia estar viviendo Galicia respecto al desarrollo eólico, como resultado de la masiva judicialización de proyectos con declaración de impacto medioambiental (DIA) y el oportuno permiso de construcción.

Ante esta situación, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha trasladado que la región necesitará ocho teravatios hora (TWh) adicionales para responder a la electrificación de la economía y a los 32 nuevos proyectos industriales de carácter estratégico. Estos supondrían una inversión por valor de 6.300 millones de euros, así como la creación de 14.000 empleos, directos e indirectos, aunque especifica que todo ello "se perdería de seguir frenando la implantación de energía eólica, tan necesaria además para combatir el cambio climático".

Asimismo, según informan desde la asociación, otros 60 proyectos eólicos, que conllevan 3.000 megavatios (MW) de potencia, se encontrarían afectados por la judicialización también, poniendo en riesgo otros 4.200 millones de euros de inversión y en torno a 4.800 empleos en un periodo de cinco años.

Con todo ello, la AEE ha cifrado en 10.500 los millones de euros de inversión que quedan en riesgo por la "reiterada situación de inseguridad jurídica" que influye sobre el desarrollo eólico en Galicia.

Paralización de 13 nuevos proyectos

Por otra parte, la patronal se muestra en contra de la decisión tomada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia al paralizar 13 nuevos proyectos basándose en la "prevalencia, prevención y precaución en materia medioambiental".

Aunque, según han explicado, tras la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre en la que se anularon las sucesivas suspensiones cautelares a más de 200 MW, "quedó palpable que todos los parques que estaban siendo paralizados, tras demandas que argumentaban defectos en el proceso de consulta pública, se habían tramitado correctamente".

Ahora el tribunal gallego basa sus fallos en el mapa de zonificación ambiental, como referencia al supuesto daño ambiental de los proyectos, un mapa que ha sido publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y en este sentido, la asociación considera que su empleo se podría poner en cuestión desde varios ámbitos jurídicos. En cuanto al mapa de zonificación, según han indicado, "no tiene rango normativo propio y es una herramienta de apoyo para la tramitación de proyectos que pretende informar al promotor sobre la complejidad ambiental del desarrollo de las instalaciones en determinadas zonas".