El sobrecoste laboral para pagar las pensiones complica el pacto para subir salarios

Los empresarios y sindicatos retoman hoy las conversaciones para tratar de pactar un acuerdo global para subir los salarios en el trienio 2022-2024 después de que los representantes de las patronales se desmarcaran del acuerdo de sostenibilidad de las pensiones por considerar que supone un "hachazo" a sus intereses y los de los trabajadores al suponer un sobrecoste pernicioso en las cotizaciones sociales que perjudica la creación de empleo al aumentar los costes laborales.

En este contexto, CEOE y Cepyme, por la parte empresarial, y CC OO y UGT, por la sindical, afrontan desde la media tarde de hoy un acercamiento desde las posiciones de máximos. Por un lado, los sindicatos reclaman subidas salariales retroactivas del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024, con la inclusión de una cláusula de revisión salarial mixta que atienda tanto al mantenimiento del poder de compra de los salarios como a la situación económica de las empresas y sectores, medida por la evolución de su margen de beneficios. Los sindicatos pretendían que esta cláusula estuviera inicialmente vinculada solo al IPC.

La cláusula de revisión se determinaría con los datos del Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC) para vincular con "datos fidedignos" la recuperación del poder de compra con la evolución económica de los distintos sectores. Su evaluación se efectuaría al finalizar los distintos ejercicios, quedando a criterio de los convenios colectivos la posibilidad de aplicar la cláusula al final del ciclo 2022-2024 o prorratearla (un porcentaje de la recuperación al final del año y otro al final del ciclo 22-24).

El repunte de la inflación al 6% complica también que los sindicatos aflojen en demasía sus pretensiones, en particular en el primer tramo de subidas.

Los sindicatos, que pretenden cerrar el acuerdo antes del 1 de mayo, han advertido a los empresarios de que si no hay acuerdo serán implacables en la negociación sectorial, con amenazas de movilizaciones para lograr sus objetivos. Además, han instado al Gobierno a establecer una contribución mínima en el Impuesto sobre Sociedades del 15% o el 20% sobre el total de los beneficios empresariales siempre que no haya pacto.

Esas amenazas, unidas a la perdida de competitividad que CEOE y Cepyme imputan a las subidas de impuestos y cotizaciones complican la posibilidad de llegar a un acuerdo, al menos en los primeros asaltos. El presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, Gerardo Cuerva, avanzó que en la posición de los empresarios "se verán reflejadas las discrepancias que tenemos con los sindicatos". "Me gustaría que nos ciñéramos al marco real de la situación económica de la empresa. Se está hablando de beneficios empresariales y realmente queremos reflejar la situación real de la empresa", añadió.

Los empresarios consideran que la reforma "unilateral" de las pensiones "penaliza directamente a las empresas y lastra la creación de puestos de trabajo, además de volver a dinamitar el diálogo social". En un comunicado, la patronal madrileña CEIM remarca hoy que "es muy relevante la ruptura del principio de contributividad, al elevar las bases máximas de cotización muy por encima de la pensión máxima, lo que conducirá a que las empresas se vean penalizadas por tener en plantilla a los trabajadores con más cualificación y rendimientos. Es decir, España está lanzando el mensaje de que aquí se castiga el talento (...)".

Según los empresarios, la reforma crea un clima empresarial "adverso" que dificulta la creación de empleo, especialmente entre los más jóvenes. "El coste empresa para contratar a tiempo completo a un joven se va acercando a 1.750 euros (12 pagas). En el país europeo donde el paro juvenil es más elevado, resulta contraproducente seguir apostando por encarecer la entrada en el mercado laboral", asegura CEIM, que carga contra un Gobierno "irresponsable que no solo criminaliza a las empresas, sino que las ataca y menosprecia"

El último acuerdo salarial en el marco de la negociación colectiva finalizó su vigencia en 2020 y desde entonces los agentes sociales no han sido capaces de llegar a un nuevo pacto.

Subida del 2,89% por convenios

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,89% hasta febrero, según los datos de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo. Ese 2,89% es ligeramente superior al dato de enero (2,81%), pero 3,1 puntos inferior al último IPC, cuya tasa interanual escaló en el segundo mes del año hasta el 6%. Este incremento salarial es menor que la subida del 8% acordada entre el Gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional (SMI) de este año y que el alza experimentada por las pensiones contributivas (+8,5%) y está en línea con las directrices marcadas en el último pacto de convenios que firmaron CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, cuya vigencia finalizó en 2020, según recoge Europa Press.

La mayor parte de los convenios registrados hasta febrero en la estadística de Trabajo se firmaron en ejercicios anteriores, aunque tengan efectos en 2023.

En concreto, hasta el segundo mes del año había registrados un total de 1.941 convenios colectivos con efectos económicos en 2023, de los que sólo 44 se han firmado este mismo año, con una subida salarial media del 5,21%. El resto, 1.897, se firmaron en ejercicios anteriores y recogen un incremento salarial medio bastante inferior, del 2,79%.

Los 1.941 convenios registrados hasta febrero daban amparo a casi seis millones de trabajadores. De los 1.941 convenios registrados hasta febrero, tres de cada diez, recogía una subida salarial superior al 3%, siendo la media del 4,79%.