La subida de cotizaciones para financiar las pensiones destruirá entre 140.000 y 240.000 empleos

«Se necesitarán nuevas medidas correctoras a partir de 2025 para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones por el impacto de algunas de las medidas aprobadas en la última reforma», que derogó la de 2013 y ha liderado por el ministro de Seguridad, José Luis Escrivá. Así lo estimó Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística el Banco de España durante la presentación del tradicional Informe Anual, que determina que el deterioro del déficit estructural que se produciría entre 2019 y 2023 vendría determinado por el «incremento en el gasto primario estructural» –el que no está afectado por medidas temporales o por el efecto del ciclo económico– observado en el último año. Una parte importante de dicho incremento estaría relacionado con el gasto en pensiones, que presionará al alza el gasto sin tener asegurados los ingresos.

La estimación del impacto que las distintas medidas aprobadas podrían tener sobre los gastos y los ingresos del sistema a lo largo de las próximas décadas se encuentra sometida a «una elevada incertidumbre», detalla el informe. En todo caso, el amplio abanico de estimaciones disponibles –tanto del Banco de España y de otras instituciones– sugiere que, como resultado de los diversos cambios normativos adoptados desde 2021, «nuestro sistema de pensiones deberá afrontar mayores obligaciones de gasto en el largo plazo, que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos». Por tanto, el supervisor ve serios riesgos de insostenibilidad del sistema de pensiones, porque se añade la incertidumbre del «impacto que los incrementos de cotizaciones sociales adoptados podrían tener sobre el empleo, los salarios y la competitividad».

La mayor parte de esta sostenibilidad está ligada al incremento de las cotizaciones. Según su propia simulación –«en base a un concepto empírico», señaló Gavilán–, un incremento de un punto porcentual en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%. En términos nominales, el supervisor estima que se perderían 140.000 empleos en esos años por la caída de la contratación y el aumento de costes laborales, que «incidiría negativamente sobre las estimaciones de ingresos del sistema» y sería un «riesgo para su financiación». Otros organismos privados, como BBVA Research o Fedea, elevan esa cifra por encima de los 240.000 empleos perdidos por la necesidad de financiación del sistema a través de las cuotas sociales.

Por eso, el supervisor cree que sería necesario que, en el marco del nuevo mecanismo automático de ajuste, «se adopten nuevas medidas para reforzar la sostenibilidad». Se hace también necesaria una evaluación «rigurosa, continua y transparente» de los efectos de esta reforma, incluyendo sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional, así como un análisis que revele «el alcance de los incentivos destinados a retrasar la edad de jubilación» y las «consecuencias redistributivas del sistema».