El Tribunal de Cuentas carga contra el diseño del Ingreso Mínimo Vital: sus deficiencias hacen que solo llegue al 40% de los potenciales beneficiarios

Con José Luis Escrivá -ahora gobernador del Banco de España- al frente del Ministerio de Seguridad Social, el Gobierno definió el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como la política “más ambiciosa que se ha puesto en marcha en España para acabar con las situaciones de pobreza severa y para lograr la plena integración de las personas que están en exclusión social”. El Tribunal de Cuentas, sin embargo, ha afeado al Gobierno su deficiente su diseño y escaso alcance. "Aunque el IMV constituye la medida más potente de lucha contra la pobreza existente en nuestro país, adolece de importantes deficiencias en su diseño y carece de una vinculación real con las principales estrategias estatales que se orientan a lucha contra la pobreza y exclusión social", señala en un análisis.

Pese a llevar desde junio de 2020 en funcionamiento, el Ingreso Mínimo Vital sigue sin llegar a la totalidad de los beneficiarios inicialmente previstos cuando se lanzó como la medida estrella del escudo social. La meta inmediata del Gobierno el pasado mayo de 2020 pasaba por llegar a 850.000 hogares en los que vivan 2,3 millones de personas. Según los últimos datos de la Seguridad Social, correspondientes al mes de mayo, actualmente el IMV llega a 716.091 hogares en los que viven 2.193.666 personas. Aunque estas cifras se acercan a los objetivos marcados, han tenido que pasar casi cinco años para alcanzarlas, un periodo en el que la prestación solo ha llegado a un porcentaje muy reducido de la población que vive bajo el umbral de la pobreza.

Según los cálculos del Tribunal de Cuentas, solo un 40% de los potenciales beneficiarios recibieron la prestación en 2023, ya sea porque se les denegaba o porque ni siquiera la solicitaban por desconocimiento o ante la complejidad de los trámites. La "brecha digital y la burocracia que lleva aparejada la solicitud" de esta prestación constituyen "una fuerte barrera de entrada", señala. Asimismo, el Tribunal de Cuentas reprocha al Ejecutivo que la prestación no da cobertura a los casos de pobreza severa, los que más lo necesitan. De acuerdo con los cálculos efectuados por este Tribunal, en 2024, solo el 21% de los hogares en situación de pobreza severa recibían el IMV, existiendo en España 538.325 hogares sin ingresos.

El Tribunal de Cuentas señala que, desde su origen, el diseño de esta prestación no se ha orientado hacia un objetivo concreto relacionado con niveles específicos de pobreza. En lugar de buscar alcanzar una meta clara o reducir la pobreza por debajo de un umbral determinado, la gestión se ha centrado únicamente en garantizar cada año la financiación del límite de la renta garantizada. Esto limita su eficacia como herramienta para combatir la pobreza.

Desde el inicio de la prestación (en 2020) hasta el 31 de diciembre de 2023, 658.828 hogares la han percibido con un total de 1.899.639 beneficiarios y 8.086 millones de euros. En el ejercicio 2023, la percibieron 331.236 hogares por un importe total de 3.286 millones de euros. Desde el nacimiento de la prestación en 2020, hasta el 31 de diciembre de 2023, se habían presentado y resuelto al menos 2.332.852 de solicitudes del IMV, de las cuales el 68% (1.595.221) no logró acceder a la prestación por no reunir los requisitos para ello. A este respecto, el Tribunal de Cuentas reprocha a la Seguridad Social que los requisitos de ingresos, rentas o patrimonio se establecen sobre la base de los datos de renta del ejercicio anterior, lo que puede derivar en denegaciones injustas que no se ajustan a la realidad económica del solicitante en el año en el que se pide el IMV.

A todo ello, se suma una espera interminable desde que se presenta la solicitud hasta que se recibe una respuesta. El Tribunal ha constatado que el plazo medio de resolución de las solicitudes, en 2023, fue de 154 días, y en un 42,67% de los expedientes tramitados se superó considerablemente el plazo máximo de 6 meses establecido por la ley (más de ocho meses de media). Esto, en su opinión, "resulta excesivo para un colectivo constituido por personas vulnerables, quienes, lógicamente, requieren esta ayuda con urgencia". Asimismo, apunta que el incentivo al empleo previsto en la ley reguladora del IMV presenta algunos problemas en su diseño, se observan alcances distintos del IMV según la comunidad autónoma y en lugar de complementar las Rentas Mínimas de las comunidades autónomas, solo se usa para sustituirlas.

Por ello, el Tribunal de Cuentas ha realizado 20 recomendaciones de mejora, entre las que destacan: reorientar esta prestación mediante la fijación de objetivos concretos, de forma que alcance a cubrir, en una primera etapa, al menos el umbral de pobreza severa (40% de la mediana de ingresos) en todo el territorio; estudiar la posibilidad de que la renta anual garantizada por el IMV se adaptase a los diferentes niveles de la mediana de ingresos y de coste de vida existentes en las distintas comunidades autónomas, de forma que su impacto fuese más homogéneo; reforzar su coordinación con las Rentas Mínimas de las comunidades autónomos; revisar su diseño, simplificando y reduciendo requisitos, y su sistema de revisión de los expedientes; basar la valoración del riesgo de pobreza en los datos más recientes; así como mejorar los tiempos de resolución y de información a los solicitantes.