El último SOS de la central nuclear de Almaraz

A las 23:59 horas del pasado 5 de octubre comenzó la recarga número 29 de la Unidad II de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), una de las operaciones técnicas más complejas y rutinarias del sector energético español. Se trata de la penúltima recarga de esta unidad, si se cumplen los planes del Gobierno de Pedro Sánchez, que no se mueve del cierre marcado para el 31 de octubre de 2028. Apenas unos meses antes, en noviembre de 2027, se desconectará la Unidad I.

El calendario de clausura avanza sin freno hacia un punto de no retorno, según alerta Foro Nuclear.

Esta recarga, que se prolongará durante 33 días, incluye la renovación de 60 elementos combustibles y labores clave en los sistemas de refrigeración y seguridad. Sin embargo, se ha incorporado un 17% menos de trabajadores de los habituales —unos 1.000 en lugar de los 1.200—, una reducción que anticipa el efecto dominó del cierre: menos actividad, menos empleo, menos inversión. Lo que está en juego no es solo una planta de generación eléctrica, sino una estructura económica, social y fiscal que sostiene buena parte del norte de Cáceres.

Energía base contra apagones

El cierre de Almaraz responde al calendario pactado en 2019 entre las eléctricas, Enresa y el Gobierno, en pleno "boom" de las energías renovables. Desde entonces, el contexto ha cambiado de forma radical.

La pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación energética y los retos climáticos han hecho que países como Bélgica, Suecia o incluso Japón reevalúen sus políticas nucleares, apostando por extender la vida útil de sus centrales o incluso construir nuevas.

A esto se suma que la apuesta decidida de España por las renovables y, en particular, la entrada y salida en tromba de solar fotovoltaica hace necesaria energía base síncrona suficiente para mantener estable el sistema ante estas fuertes oscilaciones. La nuclear no solo dispone de ella, sino que lo hace sin emitir CO2.

"Es la hora de la verdad", alerta Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear. Si no se revisa la fiscalidad asfixiante que soporta la energía nuclear -una carga que en ningún otro país alcanza este nivel-, las empresas propietarias dejarán de apostar por ella. Y lo harán, a pesar de que Almaraz está considerada como una de las mejores centrales del mundo por la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), con un historial de seguridad impecable y una plantilla altamente cualificada.

Y es que Almaraz tiene el sello “WANO 1”, un certificado de excelencia que muy pocas instalaciones logran mantener durante décadas. Entre los factores destacados por los expertos internacionales figuran la fuerte cultura de seguridad, el uso de tecnologías digitales avanzadas y una gestión de riesgos ejemplar. Con una inversión anual de 50 millones de euros en mantenimiento y actualización, sus responsables aseguran que técnicamente podría operar hasta 2063, al igual que su “central gemela” de North Anna (EE UU), que ya tiene licencia para 80 años.

15.000 empleos y casi 900 millones perdidos

El impacto económico del cierre de Almaraz será, según todos los estudios, devastador. Solo en su entorno directo, se prevé la pérdida de 2.100 empleos y 124 millones de euros anuales. A nivel regional, las cifras ascienden a 3.800 puestos de trabajo y 207 millones.

Y en el conjunto del país, más de 15.000 empleos y 829 millones. La planta es el principal empleador industrial de la zona, arrastra a empresas auxiliares, comercios, hostelería, transporte y formación profesional.

En términos fiscales, la central aporta anualmente 435 millones de euros en impuestos. De ellos, 82 millones van directamente a las arcas de Extremadura y 12 millones a los municipios del entorno. Su desaparición amenaza con poner en riesgo la prestación de servicios públicos básicos en una de las comarcas más golpeadas por la despoblación rural.

Rebaja fiscal: primer paso, pero no suficiente

Ante este panorama, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado una rebaja progresiva de la ecotasa regional que grava a la central. Una medida exigida por Vox para negociar los presupuestos autonómicos, pero que también responde a la presión social y empresarial. En 2027, la reducción alcanzará los 15,5 millones de euros; en 2028, 27 millones; y en 2029, hasta 45 millones.

"Queremos que Almaraz siga funcionando", defendió Guardiola, para quien esta rebaja "no basta por sí sola", por lo que reclamó a Sánchez que modifique la fiscalidad nuclear nacional, una de las más altas de Europa. Además, la presidenta extremeña afea al Gobierno que estudie permitir la prórroga de los reactores catalanes más allá de 2031, mientras Almaraz, en plena España rural, está condenada al desmantelamiento.

Energía limpia y barata para 4 millones de hogares

El coste del cierre está más que cuantificado y es enorme. La energía nuclear supone actualmente alrededor del 20% de la generación eléctrica nacional, sin emisiones de CO₂ y con una alta estabilidad. Almaraz por sí sola cubre el 7% de la demanda eléctrica del país y abastece a más de 4 millones de hogares. Su cierre anticipado implicaría mayor dependencia de los ciclos combinados, que ya están casi a plena potencia por el procedimiento reforzado con el que opera Red Eléctrica desde el apagón, una subida del recibo de la luz y un retroceso en los objetivos de descarbonización.

La consultora Metyis, en su análisis de impacto, advierte que el cierre tendrá un efecto multiplicador negativo sobre múltiples sectores: desde la construcción hasta el comercio, pasando por la hostelería, el transporte y la vivienda. También se incrementará la emigración juvenil, se frenará el desarrollo industrial y se agravará el desequilibrio territorial.

Matar a la España vaciada

Todos los estudios apuntan a que Almaraz está en condiciones óptimas para seguir produciendo electricidad limpia durante décadas. Si el Gobierno se moviera por pragmatismo y no en función de eslóganes desfasados se evitaría no solo la pérdida de una fuente de energía crucial para sostener el despliegue fotovoltaico, sino enterrar una comarca y forzar a su población a la emigración.

"Casi el 80% de la gente que conozco trabaja para la central. Se supone que el ministerio que quiere cerrarla es de Transición Ecológica y también de Reto Demográfico. Nosotros sí luchamos por la despoblación rural porque esta central da trabajo a la comarca y tenemos convenios con institutos para formar a gente joven que luego se queda trabajando en la planta, entre el 70% y el 85% se quedan. Si se cierra Almaraz todo eso se perderá. Esos jóvenes tendrán que irse y hasta yo mismo, con un hijo de dos años, tendré que emigrar», reconocía a este diario Fernando Sánchez, el alcalde de Belvís de Monroy y portavoz de la plataforma «Sí a Almaraz, sí al futuro».

Cuando quedan apenas seis meses para evitar el cierre, la plataforma "Sí a Almaraz, Sí al futuro", considera que la rebaja fiscal de la Junta coloca definitivamente la pelota en el tejado del ministerio de Sara Aagesen. "Le pedimos, una vez más, que inicie la negociación con las empresas propietarias (Iberdrola en un 53%, Endesa en un 36% y Naturgy en un 11%). Ellas ya han mostrado su disposición a continuar con la actividad de Almaraz. También creemos necesario cambiar la orden ministerial que decreta el cese de la central para levantar esa losa. Necesitamos que, cuanto antes, se despeje la incertidumbre que pesa sobre nuestras familias y sobre los 4.000 puestos de trabajo que dependen de la continuidad de la primera industria de Extremadura".