Una red de testaferros ocultó bienes en paraísos fiscales

«De Cabo encabeza una organización configurada por un complejo sistema societario, nacional e internacional y se vale de una red de colaboradores y testaferros», y las investigaciones llevadas a cabo han revelado «que muchos de los bienes, derechos y fondos titulados por el Grupo Marsans han terminado concentrándose en un elevado número de sociedades, directa o indirectamente» relacionadas con él. Así consta en el auto de prisión que dictó el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra De Cabo y cinco de sus colaboradores vinculados presuntamente a la «trama Marsans». El papel destacado del mismo es lo que llevó al magistrado a imponerle la fianza más alta, 50 millones para eludir la prisión, situación en la está desde la noche del pasado día 5.

Y es el que el magistrado le sitúa en la cúspide la pirámide de esa supuesta trama tendente a evitar el pago a los acreedores: «Ángel de Cabo Sanz sería el máximo responsable de una organización dedicada a la captación de empresas en dificultades, de las que se aprovecharía para su beneficio personal, y que controlaría directamente. Para ello se vale de un extenso entramado societario nacional e internacional, y de un equipo de profesionales y colaboradores encargados del diseño y funcionamiento del mismo».

En relación con la «toma de control» de Marsans, el juez Velasco señala en el auto que, «valiéndose» de ello, habría realizado una «serie de operaciones cuyo fin último sería su lucro personal». Para ello, se valió de mecanismos «tradicionales» en procesos de ocultación patrimonial y blanqueo de capitales, «como son la adquisición, constitución y uso de sociedades instrumentales, interposición de testaferros y fiduciarios, presunta simulación de contratos y otros negocios jurídicos, operaciones de efectivo o asimilados, numerosos traspasos de altas cantidades entre cuentas de los mismos titulares, excesiva complejidad y la realización de operaciones sin un sentido económico aparente». Y ahí, entran en juego sociedades radicadas en paraísos fiscales».

Uno de los principales objetivos de la «organización» de De Cabo era hacerse cargo del Grupo Marsans. De esta forma, y bajo la «promesa» de sus problemas económicos «desembarcaron» en Marsans, propiedad hasta entonces de Gerardo Díaz Ferrán. Sin embargo, lejos de solventar la grave situación económica que atravesaba, utilizaron esa posición de dominio «en beneficio del entorno de De Cabo». Como ejemplo de ello, el magistrado señala que tanto bienes muebles como inmuebles del Grupo Marsans y patrimonio familiar de sus hasta entonces dueños, «se encontraría en la actualidad en posesión de De Cabo y su entorno». Y es que todo formaba parte de una «estrategia diseñada por Díaz Ferrán Gonzalo Pascual para ocultar bienes y aparentar una insolvencia patrimonial, con un papel predominante De Cabo, a través de empresas de su entorno».

Como principales personas de confianza, tendría a Iván Manuel Lozano y Susana Mora –a quienes el juez Velasco les impuso sendas fianzas de 30 millones de euros y 3.000 euros, respectivamente–. El primero de ellos sería uno de los pocos dentro de la organización que tendría «poder de decisión», sobre todo tras la adquisición del Grupo Marsans. Esa confianza se plasmaba en que podía tomar decisiones sin consultar con el principal responsable, «o en ser el depositario o custodio de bienes, documentación, dinero y/o cheques que tienen origen o vinculación con los fondos o activos de las entidades "alzadas"y adquiridas por la organización».