¿Viviendas caras? Culpe también a los impuestos

A menudo, cuando se habla del precio de la vivienda, se deja de lado un elemento que resulta crucial en la formación de su precio: los impuestos. Las tintas se suelen cargar en si los márgenes de los promotores son o dejan de ser abultados o en presuntos movimientos especulativos con el suelo que encarecerían los precios. Pero desde el sector se pone el acento en que la alta fiscalidad que soporta la compra de vivienda en España es uno de los elementos que condicionan, y mucho, su precio e impiden el acceso a la misma a determinados colectivos. Lo cierto es que los impuestos que genera el mercado inmobiliario son una importante fuente de ingresos para las arcas públicas a las que las administraciones no parecen dispuestas a renunciar. A falta de contabilizar diciembre, en 2022 las comunidades autónomas ingresaron 10.465 millones de euros a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del de Actos Jurídicos Documentados (AJD), según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y que ha recopilado la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).

Esta organización asegura que, por ejemplo, los compradores de una casa de segunda mano en España pagan de inicio un 7,5% de media por el ITP frente al 4,5% de la media europea. Un porcentaje que, además, y según advierten, varía de una comunidad autónoma a otra y llega al 10% en algunas comunidades. Solo en Melilla, Ceuta, Canarias, Navarra, Madrid y País Vasco se sitúa por debajo del 7%.

Desde la Federación remarcan que esta alta carga impositiva dificulta “claramente” el acceso a la compra de una casa, especialmente entre las personas que quieren adquirir su primera vivienda habitual en propiedad. Sobre todo, subrayan, en un contexto económico complejo ante la subida de los tipos de interés, la caída de poder adquisitivo y un menor ahorro. Asimismo, tachan el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de “abusivo” e insisten en que es un tributo repetido, ya que se paga en cada transmisión de compraventa que se hace de una misma vivienda.

FAI considera que, para facilitar el acceso a la compra de vivienda, es necesario una fiscalidad más justa, empezando por rebajar el ITP general al 4% para compra de vivienda y al 2,5% en el caso de primeras viviendas habituales de precio inferior a 400.000 euros, siguiendo el modelo del País Vasco. La organización reclama la necesidad de alejarse de políticas “intervencionistas” o “punitivas” en el mercado inmobiliario. Y esto, asegura, pasa por la reducción de la carga impositiva y de tasas o aranceles en la compra y de una mayor dotación de recursos económicos para una eficaz disposición de suelo residencial que posibilite la ejecución de proyectos de vivienda pública en alquiler mediante la colaboración público-privada, entre otras medidas.

37.000 euros en impuestos por una compra de 140.000

Según una estimación que realizó la patronal de los promotores madrileños, Asprima, para LA RAZÓN a mediados del pasado ejercicio, por la compra una vivienda nueva que tenga un valor de venta de 140.000 euros, las diferentes administraciones -local, autonómica y estatal- se embolsan más de 37.000 euros en impuestos directos e indirectos. Esta transacción soporta unos gravámenes en tasas e impuestos municipales como la licencia de obras, de primera ocupación o el de construcciones de 4.772,34 euros, a los que hay que sumar otros 3.382,53 euros de los de carácter autonómico como la tasa de calificación provisional o definitiva. A todo ello hay que añadir el IVA, que en el caso de este bien es del 10% y asciende, por tanto, a 14.000 euros. En total, 22.104 euros en impuestos directos.

Pero no son estos los únicos tributos que gravarían a esta vivienda. En concepto de recaudación indirecta durante el proceso de construcción, las autonomías se embolsan otros 2.520 euros, mientras que el impuesto de sociedades ascendería a otros 7.500 euros, las retenciones por IRPF a 1.262 euros y la Seguridad Social de los trabajadores a otros 4.207 euros. En total, 15.490 euros que, sumados a los 22.104 euros de recaudación directa, suman 37.595 euros. El cálculo contiene las tasas e impuestos que se devengan desde que la parcela tiene condición de solar, pero no incluye el proceso anterior de transformación del suelo, que también tiene una importante carga fiscal, y que está entre un 3% y un 5% del precio final de la vivienda, según explican desde Asprima.