Yolanda Díaz negocia con el PSOE aumentar la presión fiscal de los españoles en 80.000 millones más

La próxima semana, el Pleno del Congreso verá el intento de reprobación de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por su "incompetencia en el desempeño de su gestión ministerial". Vox lo llevará a votación porque, a su juicio, ha llevado a una "nefasta situación" para los trabajadores españoles. En este escenario, la vicepresidenta ha seguido fiel a sus grandes proposiciones y ha reclamado en el Congreso de los Diputados a su socio de Gobierno una reforma fiscal -que aseguró ya está negociando aunque están todavía "muy distanciados"- que sirva para afrontar los "retos de época" a los que se enfrenta la sociedad española.

Díaz esbozó durante un debate en el Congreso sobre fiscalidad organizado por Sumar la propuesta que defiende, que pasa por elevar la presión fiscal incluso por encima de esos cuatro puntos de presión fiscal por debajo de la media europea que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que todavía estamos y que se traducen en 60.000 millones más para las arcas de Hacienda. Para la vicepresidenta, ese esfuerzo fiscal tendría espacio para subirse cinco puntos más, uno más que la propuesta del presidente, por lo ha urgido a desarrollar una nueva reforma fiscal con la que se pueda alcanzar esa cifra.

Incluso ha ido un poco más allá, ya que advirtió que cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) revise las cifras el PIB) esa distancia se alargará hasta los siete puntos más. "España está a 80.000 millones de euros de llegar a la presión fiscal que hay ahora mismo en la Unión Europea", que dijo ya estaba negociando con el PSOE. Estos ingresos llegaría a través de la permanencia de los impuestos extraordinarios a banca y energéticas, rebajando el umbral de aplicación del impuesto a grandes fortunas de tres millones a un millón descontando la vivienda habitual o armonizando un impuesto de sucesiones, entre otras medidas.

La ministra volvió a denunciar que el impuesto de Sociedades no grava suficientemente a las empresas porque "está mal diseñado" y presenta "agujeros fiscales" a través de deducciones y bonificaciones que provoca que un pequeño autónomo tribute "muchísimo más" que una gran empresa. "Esto es de una injusticia fiscal tan brutal que yo creo que es un debate absolutamente ganador entre la ciudadanía".

Horas antes, la vicepresidenta segunda había vuelto a amenazar a los empresarios, advirtiéndoles de que su oferta de incentivos para ayudar a las pequeñas empresas a aplicar la reducción de jornada están condicionados a que la CEOE negocie y acuerde en el seno del diálogo social cuanto antes. "El diálogo social tiene que ser tratado con respeto porque sabemos bien que las empresas de menos de cinco trabajadores necesitan acompañamiento", ha señalado en la rueda de prensa para presentar el primer Congreso Internacional del Trabajo.

Díaz ha incidido en que el acuerdo es posible, pero considera que la patronal debe explicar si va a estar "a la altura del país" en la mesa de diálogo con la reducción de jornada y la subida del SMI. "La cuestión es si la dirigencia de la patronal se va a hacer un salario mínimo, perjudicando a las empresas o está dispuesta a negociar", ha indicado. "Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos que hay medidas que son muy eficaces e importantes para las empresas de menos de cinco trabajadores". Por eso ha recordado que hay unos plazos, que el acuerdo es que el 31 de diciembre del año 2025 todos los españoles "coticen en el sector de actividad en el que fuere" van a tener reducida su jornada a 37 horas y media. "España llega tarde después de 105 años de definición de una jornada laboral y es verdad que llevamos 40 años con una jornada laboral congelada", ha lamentado.

Díaz también ha planteado el debate sobre la necesidad o no de incorporar a todas las personas a la declaración de la renta, para que todas esas personas se puedan ver beneficiadas de muchas actuaciones que hoy, por la sencillez de no hacer la renta quedan completamente al margen de las mismas. "A veces nos preguntan por qué no podemos hacer compensaciones o ayudas directas. Pues, sencillamente, el simple hecho de que no tengamos la declaración de la renta, a diferencia de otros países, lo impide", ha señalado la vicepresidenta, que apoya la obligación de todos los contribuyentes a presentar la declaraciones, estén obligados o no, incluidos los parados con subsidios, porque "presentar la Renta supone declarar, no pagar IRPF", y los que están por debajo del umbral de obligatoriedad "pueden beneficiarse de deducciones y devoluciones".