La moción de censura de un juez

Ciertamente, no habrá medida alguna, más allá de la restitución de la verdad, que pueda paliar el daño causado al Partido Popular por Ricardo de Prada

Con las matizaciones de rigor, puesto que estaba en juego una impugnación general de la sentencia de la Gürtel dictada por la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado nula, podría decirse que injusta a sabiendas, aunque esto no lo dejan explícito los jueces, la atribución de una “caja B” en la contabilidad del Partido Popular, que provocó, desde el plano jurídico, la indefensión de la formación así señalada, y condenada, y que fue el detonante político, la excusa plausible, para que el Partido Socialista y los grupos nacionalistas del Congreso plantearan la moción de censura contra Mariano Rajoy que llevó al poder al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Fue el magistrado Ricardo de Prada, apoyado por otro componente del tribunal juzgador, Julio de Diego, quien introdujo a calzador, como hecho probado, una supuesta dinámica de corrupción institucionalizada de los populares que ni era objeto de la vista ni formaba parte de la acusación. Que el magistrado impulsor directo de la tropelía fuera luego propuesto por los socialistas para formar parte del Consejo General del Poder Judicial sólo sirve para añadir un elemento más a la sombra de la sospecha, y nos advierte, crudamente, del riesgo que supone para el normal desarrollo de la Justicia la pretensión de los partidos que conforman el Ejecutivo de modificar el sistema de elección del CGPJ, sometiéndolo al arbitrio de la misma mayoría parlamentaria que sostiene al Gabinete de turno.

Ciertamente, no habrá medida alguna, más allá de la restitución de la verdad, que pueda paliar el daño causado al Partido Popular por Ricardo de Prada. Pero, al menos, cabe esperar de quienes se aprovecharon de una decisión judicial injustificable en derecho una reflexión sobre el peligro que supone para la estabilidad de las instituciones la superposición en el plano político de las actuaciones de la Magistratura. Porque Ricardo de Prada, es cierto, plantó la mina, pero fueron otros, y no sólo los que apoyaron la moción de censura, los que se apresuraron llenos de entusiasmo a hacerla estallar.