Una teatral entrega de armas

El 20 de octubre de 2011, tres encapuchados anunciaban en nombre de ETA «el cese definitivo de su actividad armada». El 21 de febrero de 2014 anunciaba que deja «fuera de uso operativo» parte de su armamento. El 7 de mayo del mismo año, la organización terrorista muestra su disposición a compartir con el Gobierno vasco el diseño del proceso de desarme. El 14 de abril de 2016, ETA asegura en otro comunicado que «continúa con el proceso de sellado de inventario de armas». Como siempre, desarrolla la puesta en escena habitual, en este caso, con una autodenominada Comisión Internacional de Verificación. Sin embargo, ETA nunca ha entregado ningún arma, ni pistolas, ni explosivos, ni ha repuesto un sólo euro de los millones que recaudó a través del «impuesto revolucionario».

Las únicas armas que ETA da como «no operativas» son las incautadas en las operaciones policiales. Recordemos que el 12 de octubre de 2016, «sellado el inventario de armas» la Guardia Civil y la Dirección General de Seguridad Interior Francesa localizaron en el norte de Francia el último arsenal. Por lo tanto, que hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabece un acto de destrucción de más de mil armas que habían pertenecido a ETA –y una parte mínima a los Grapo–, es sólo el símbolo de que ha empezado un nuevo tiempo político a través del cual se da vía libre a la excarcelación de los presos etarras. Se destruirán 1.400 armas que estaban en poder de la Audiencia Nacional incautadas desde 1976, lo que presupone que la banda acepta en nuevo marco político de convivencia y, por lo tanto, es merecedora de medidas de gracia. El Gobierno de coalición transfirió en octubre de 2020 al Gobierno vasco la gestión de las cárceles, que se ejecutará este mes, lo que supone que podrá aplicar el artículo 100.2 que permitirá medidas de semilibertad –como de hecho está haciendo la Generalitat con los presos del 1-O–, o, tal y como ha anunciado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal, «potenciar las penas y medidas en medio abierto... porque las penas son menos dañosas para la libertad de las personas».

De los 151 presos de ETA que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acercado al País Vasco, 39 son a cárceles vascas, una operación que ha chocado con la reacción de las víctimas del terrorismo, y que ahora necesita endulzar con la puesta en escena de una destrucción de armas que nunca entregó. Sin embargo, entre éstas no están aquellas con las que asesinaron a 378 personas cuyos casos todavía no han sido esclarecidos. Estamos hablando de que el 44 por ciento de los 857 crímenes de ETA todavía no han sido juzgados. No se puede exigir a las víctimas que pasen páginas por un indigno cálculo político.