CGPJ: le toca mover ficha al Gobierno

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre inadecuada aplicación del estado de alarma, que el Gobierno ha acusado con cajas destempladas, desde algunos sectores radicales de la izquierda se vuelve a desempolvar el proyecto de la ley del ex vicepresidente Pablo Iglesias para cambiar el sistema de elección parlamentaria de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ya no dependería, como ocurre hoy, de una mayoría cualificada de las Cámaras, pretensión que hizo sonar las alarmas en Bruselas, porque se entendía, y así es, como un retroceso en las garantías de independencia del órgano de gobierno de los jueces y, por ende, de la Justicia. Por supuesto, la amenaza de la reforma es una palanca, una más, de presión sobre el Partido Popular y su presidente, Pablo Casado, para que admita la incorporación al CGPJ de algunos jueces y juristas a quienes Unidas Podemos considera próximos ideológicamente, aunque representen una minoría en el seno de la carrera judicial. Frente a esta presión –y dado el espectáculo injerencista que está dando la izquierda española, incluso la que se reputa como socialdemócrata, cada vez que los tribunales o la Fiscalía adoptan una resolución que no es del agrado gubernamental, con expresiones desde el propio Consejo de Ministros que sólo pueden entenderse como intimidatorias– a Pablo Casado no le queda otra alternativa que aguantar el envite hasta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se avenga a consensuar con la oposición unos nombres que no vengan ideológicamente marcados en exceso. En este sentido, no es buena señal que la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, haya roto la regla no escrita de recibir a representantes de todas las asociaciones profesionales de la magistratura, para hacerlo sólo con Jueces para la democracia, ya decimos que minoritaria, pero cuyos miembros suelen copar los cargos de designación gubernamental cuando la izquierda está en La Moncloa. Con ello, no pretendemos prejuzgar la idoneidad profesional de ningún juez, pero sí alertar contra la corriente del uso alternativo del Derecho, que en España encarna la extrema izquierda, y que ya ha tenido conspicuos representantes en nuestros tribunales. En cualquier caso, le toca al presidente del Gobierno mover ficha y facilitar un acuerdo, siquiera de mínimos, con la oposición. No pedimos algo insólito o inédito. Se ha hecho siempre, al menos, desde que el PSOE forzó el cambio del sistema.