Un acoso impropio de un Gobierno

No representa novedad alguna en los esquemas mentales de la izquierda la declarada intención de «reasignar» un lugar de culto para cambiar el significado histórico y espiritual que representa. Los ejemplos abundan y, comenzando por la catedral de San Casimiro, en Vilna (Lituania), la Unión Soviética convirtió en «museos del ateísmo» muchas de las iglesias más emblemáticas de la Europa ocupada. Sí es nuevo y, ciertamente, impropio de una democracia avanzada como la española, que desde el Gobierno se lleve a cabo una campaña de acoso contra los miembros de una orden religiosa, en este caso los benedictinos del Valle de los Caídos, mediante la asfixia económica, justificada en supuestas irregularidades contables que, en cualquier caso, deberían ser objeto de un análisis imparcial, y en la deslegitimación de la labor de unos monjes entre cuyas funciones está la de rezar por el alma de los caídos en la Guerra Civil.

Sin entrar en la pretensión revisionista del actual Ejecutivo de convertir un recinto sagrado como Cuelgamuros en lo que no es, cabe resaltar que esa obsesión socialista, en parte, sobrevenida, por hacer comulgar con las ruedas de molino de su particular interpretación de la historia al conjunto de la sociedad, no tendría mayor trascendencia –la mayoría de los españoles tienen una concepción íntimamente arraigada de lo que fue aquel período histórico– a no ser por las consecuencias jurídicas, intelectuales y materiales de un proyecto de ley como el aprobado en el Consejo de Ministros, que, forzosamente, acabará chocando no sólo con la realidad, sino con derechos garantizados constitucionalmente.

Con un problema añadido, que la desacralización de un recinto religioso, que es, en suma, lo que se pretende hacer con la abadía del Valle de los Caídos, es un proceso que se encuentra reglado a partir de los acuerdos de 1979, firmados con la Santa Sede. Sin duda, y a expensas de los efectos judiciales a que dé lugar, puede Patrimonio, de quien depende la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, seguir reteniendo los fondos asignados al mantenimiento de los benedictinos, con los prejuicios personales que supone, pero el Gobierno tendrá que actuar con tiento, so pena de violentar un tratado internacional que obliga al Estado. Cualquier otra opción acercaría a nuestra izquierda a los métodos de la URSS o, mucho más próximo en el tiempo, a los talibanes que volaron con dinamita los budas de Bamiyan.