Una silente Laya que alimenta la sospecha

La comparecencia de la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya en calidad de investigada ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, se ha alineado con la estrategia marcada por el Gobierno y la Abogacía del Estado de opacar todo lo relacionado con el «caso Ghali». Utilizó la ley de secretos oficiales y el carácter reservado de las decisiones que se tomaron el pasado abril en la entrada en nuestro país del líder Polisario para no dar una sola explicación sobre el cómo, quién y por qué se permitió que una persona con dos causas en la Audiencia Nacional bajo gravísimas acusaciones accediera sin pasar los preceptivos controles de fronteras ni de documentación bajo identidad falsa con el fin de recibir tratamiento hospitalario. En esa conducta oscurantista y obstruccionista de la investigación, González Laya, imputada por presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad en documento privado, eludió las preguntas del instructor para no identificar a los responsables de la decisión dentro del Gobierno y directamente se negó a responder a las acusaciones. Su referencia a razones humanitarias, como hiciera Pedro Sánchez, y a que se trató de un «acto político» y «no administrativo» para eludir responsabilidad penal, es de un recorrido menor y una argucia inane. La exministra, obviamente, eligió legítimamente y en el ejercicio de su derecho de defensa exponer cara a cara ante el juez y las partes que ignoraba los sumarios abiertos a su invitado en los tribunales españoles por delitos de genocidio, terrorismo, torturas y detención ilegal y que tampoco sabía nada relacionado con el nombre supuesto utilizado por Ghali en nuestro país. Pero resulta muy poco creíble, casi descabellado, porque únicamente retrataría una torpeza e incapacidad imposibles en una información crítica dentro de la operación. La exministra se atuvo al guion y representó el papel de un convidado de piedra en un «acto legal» que no se sostiene con todas las informaciones que se conocen y con los testimonios de algunos de los que han pasado por el juzgado, incluido el que fuera jefe de gabinete en Exteriores. La trapacería leguleya instigada por la Abogacía del Estado en nombre del Gobierno es la prueba más fehaciente de que tras el silencio de González Laya se ocultan hechos que no pueden salir a la luz porque pudieran ser constitutivos de alguna tipificación penal como indaga el instructor. En caso contrario, González Laya habría cumplido con la palabra dada a las puertas de la sede del órgano jurisdiccional cuando se presentó con «voluntad de transparencia» y de «aportar todas las explicaciones que puedan ayudar». Puertas adentro, la locuacidad se mutó en ley del silencio y su grado de colaboración con la Justicia fue ninguno. El Gobierno ha buscado desde el primer minuto desactivar el flanco judicial y no ha duda en recurrir de forma torticera a una institución del Estado como la Abogacía para defender a particulares y entorpecer la labor del instructor y que su trabajo prosperase. Ayer resonó un silencio culpable. Los intereses del Gobierno no parecen a salvo.