A Bruselas le preocupa la Justicia española

El comisario de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, venía con los deberes hechos y ha dejado un inquietante mensaje a nuestro actual Gobierno, en el sentido de que sería bueno que España hubiera implementado las reformas en su sistema de Justicia reclamadas Bruselas «antes de asumir la presidencia europea», en julio de 2023. Fundamentalmente, son dos los cambios que propone la UE en aras de mejorar la independencia del Poder Judicial: que sean los jueces quienes elijan a la mayoría de los vocales del CGPJ, hoy, en manos del Legislativo, y que el mandato del fiscal general del Estado no coincida en el tiempo con el mandato del ejecutivo que le nombra.

Hay más recomendaciones en el informe que presentó la Comisión el pasado mes de julio, pero, como ya hemos dicho, estas son las más urgentes, entre otras cuestiones, porque vienen marcadas por la normativa comunitaria y por los dictámenes de la Comisión de Venecia, que es el órgano consultivo del Consejo de Europa en el ámbito de los derechos constitucionales. Ciertamente, no parece que nos hallemos ante cuestiones de compleja interpretación ni ajenas al acervo legislativo español, pues ya los padres de la Constitución habían dejado abierta la posibilidad de esa reforma.

De ahí, que no se entienda la resistencia de los partidos de la izquierda –una vez que el PP ha cambiado de posición– a llevar a cabo una reforma que, sin duda, redundaría en la mejor percepción de la Justicia entre una opinión pública, como la española, que, según la propia Comisión Europea, tiene una estima muy baja sobre el nivel de independencia de los tribunales. Vaya por delante nuestra convicción de que la inmensa mayoría de los jueces actúan bajo los principios de nuestro orden constitucional, que garantizan su independencia, pero es preciso reconocer que el espectáculo de un Gobierno bloqueando, mediante una ley de «último recurso», la renovación de los tribunales principales hasta no que no consiga una mayoría de vocales en el seno de CGPJ que sea proclive a los partidos de la coalición gubernamental para proceder a los nombramientos pendientes, no habla precisamente bien de la calidad de nuestra Justicia, cuya imagen queda muy tocada.

Y no es de recibo que por parte de La Moncloa se acuse a la oposición de, poco menos, que desprestigiar ante Europa nuestro sistema judicial, llamando la atención sobre un procedimiento de elección parlamentaria perfectamente legítimo, porque, sencillamente, no es cierto. Hace mucho tiempo que Bruselas insiste en que España debe cambiar el sistema de elección del CGPJ y reformar el estatuto de la Fiscalía General del Estado. Lo ha vuelto a repetir el comisario Reynders en su reciente visita y, desde luego, haría mal el Gobierno si confía en que Europa se olvida de estos asuntos.