Nada personal, sólo es un puñado de votos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, admitió ayer, a regañadientes, y soltando de paso un elogio envenenado a su ex compañero de Gabinete y, hoy, magistrado del Constitucional, Juan Carlos Campo, que la ley de Libertad Sexual o del «sí es sí» va a sufrir algunas modificaciones, cuyo alcance está por determinar. A nuestro juicio, el problema de la ministra es que no acaba de captar que al sector socialista del Gobierno sólo le interesa cubrirse las espaldas y cometería un error si llevara el asunto a un plano personal, donde sólo se ventila un puñado de votos.

Así, la insistencia de Montero en transferir la responsabilidad de los efectos indeseables de la ley a los técnicos del Ministerio de Justicia, como antes a los jueces, corre el riesgo de llevar el enfrentamiento en el seno del Gabinete a un callejón sin otra salida que su propia dimisión. Le convendría dejar a los especialistas en la propaganda gubernamental, mucho más sutiles que los portavoces de Unidas Podemos, que se encargaran de fabricar el nuevo relato, el de un Gobierno que rectifica ante la evidencia del error cometido, desde la seguridad de que, dado el contenido de la ley, no cabe esperar más que algunos retoques cosméticos, tal vez, con la revisión al alza de algunas penas, que calmen a la opinión pública, al menos, hasta que se celebren las próximas elecciones municipales y autonómicas.

No es tarea sencilla, porque, pese a la afirmación rotunda de la ministra Montero de que «sólo una minoría de jueces aplica las reducciones de condenas», estas se seguirán produciendo a medida que los distintos tribunales, que actúan con lógica uniformidad de criterio, sigan examinando los recursos pendientes. Los cálculos más benignos hablan de que se alcanzará el millar de beneficiados en los próximos meses. La razón, como hemos señalado reiteradamente, es que el daño ya está hecho y no cabe más que corregir la ley de cara a las futuras sentencias, mientras en La Moncloa se cruzan los dedos, rogando que uno de los violadores excarcelados no reincida en plena campaña electoral.

Por lo demás, las consecuencias de la Ley de Libertad Sexual, y la consiguiente reforma del Código Penal, no se verán hasta dentro de algunos años, cuando se debata en el Tribunal de Estrasburgo, el de los Derechos Humanos, la legitimidad de una norma que, en cierto modo, cambia el sentido de la carga de la prueba y sustituye los determinantes de la violencia y la intimidación en la tipificación del delito por el «consentimiento», que, por cierto, está en la génesis de cualquier Código Penal. Pero, es de confiar, que para entonces Irene Montero ya no se encuentre al frente de un ministerio y en España se vuelva a legislar desde la técnica jurídica, las demandas sociales y las modalidades delictivas que surjan en el tiempo y no desde el prejuicio ideológico de una minoría parlamentaria.