No al abuso continuo de los reales decretos

El hecho de que Junts haya amenazado al Gobierno con rechazar los tres reales decretos que el Congreso tiene que convalidar la próxima semana y, también, que el primero de ellos, el denominado «ómnibus», cajón de sastre que incluye la normativa imprescindible para recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos –por valor de 10.000 millones de euros– sea de notable trascendencia pública puede llevar a la oposición a encarar una falsa disyuntiva sobre la conveniencia de asistir al Ejecutivo en aras de atender el interés general. Pero nada más lejos de ese «interés general» que respaldar, aunque se presente como excepcional, una manera de entender la política totalmente alejada del espíritu constitucional.

No sólo porque el presidente Pedro Sánchez haya superado en sólo cinco años el número de reales decretos aprobados por todos sus antecesores en el cargo, sino porque esta práctica, que orilla el debate parlamentario en las Cortes, se está extendiendo a iniciativas legislativas de enorme calado para el conjunto de la población. Es más, como demuestra el último «ómnibus», se aprovecha esta fórmula para introducir cambios legales, ajustar partidas presupuestarias o reformar normativas que exigirían, cuando menos, el concurso de los organismos consultivos del Estado, como garantía de buen proceder técnico, asunto en el que los gobiernos precedentes social comunistas han demostrado una clamorosa impericia, como con la ley del «sólo sí es sí», por citar un ejemplo palmario.

Pero la cuestión fundamental, que no debemos perder de vista, es que la exclusiva responsabilidad de los problemas para la gobernanza que pueda acarrear el rechazo de los tres reales decretos en marcha –además del «ómnibus, están el paquete de medidas anticrisis y el de conciliación– por parte de los nacionalistas catalanes recae sobre los hombros de un Gobierno que, una vez más, ha buscado una salida de tapadillo para cubrirse las espaldas frente a la Unión Europea en el infumable asunto de la amnistía.

Pretender que los de Carles Puigdemont no iban a darse cuenta de una triquiñuela que puede retrasar durante varios años la concesión de la medida de gracia exigida a cambio de sus votos demuestra el pueril voluntarismo de los gubernamentales. Por supuesto, como señalábamos al principio, el Partido Popular no puede salir en auxilio de un Pedro Sánchez que desprecia el Parlamento como si fuera una mera cámara de resonancia, entre otras razones porque no puede dar carta de naturaleza a la ley de amnistía, mucho menos si la norma, a la larga, corre el riesgo de maniatar al Legislativo frente a la Justicia europea, ni apoyar unas medidas en las que no ha tenido ni arte ni parte. A veces, el sentido de Estado está en decir no a una manera de gobernar que solo mira el interés propio.