El artefacto político de Pedro Sánchez

Hoy, comienza en el Congreso de los Diputados la tramitación de la proposición de ley de amnistía presentada por el PSOE, artefacto político sin otro fundamento que la permanencia al frente del Gobierno de Pedro Sánchez. Mucho se ha discutido sobre una propuesta que concita el rechazo de la mayoría de los ciudadanos y que se articula sobre una exposición de motivos plagada de tantos contrasentidos jurídicos que supone un insulto a la inteligencia de los españoles, pero que tiene visos de prosperar a poco que funcione la actual mayoría de investidura.

Con ello no queremos expresar el desaliento de una batalla perdida, pero sí advertir contra la creación de excesivas expectativas entre la población que, al final, sólo conducen a la frustración. Ahora bien, dicho esto, y sea cual sea el resultado final de la peripecia parlamentaria que hoy se inicia, consideramos que es imperativo por parte de todos actores políticos, sociales, institucionales y económicos trasladar al conjunto de la opinión pública no tanto el rechazo a la propuesta legislativa en sí, que no admite un pase, sino lo que ello significa de alteración de las reglas de juego en un Estado democrático y de derecho, asunto que hay que afrontar con serenidad, pero desde la más absoluta resolución.

Se quiere aprobar una ley sin efectos generales, es decir, de excepción y singular, y, además, de efectos retrospectivos sobre decisiones judiciales ya tomadas y sancionadas con arreglo al ordenamiento constitucional vigente. Se plantea de este modo una crisis de legitimación de la democracia española que, por supuesto, es falaz, pero que está en el fundamento político y jurídico de la propia figura de las amnistías como instrumentos legales, que es la negación de la legitimidad anterior de las instituciones de un país, lo que justifica a quienes se alzaron o conspiraron contra ellas.

Si la amnistía no tiene cabida en la Constitución es, precisamente, porque la democracia española se reconocía como plena y legítima, por lo que no se podía admitir el cuestionamiento de sus leyes y normas de convivencia, tal y como explicaron los padres constituyentes a la hora de rechazar el debate político que proponían las minorías de la izquierda.

Por último, pero no menos grave, nos hallamos ante una perversión del sistema democrático, en el que el concepto de «democracia popular» sustituye al ordenamiento jurídico y convierte al Derecho no en garante del cumplimiento de las leyes, sino en un mero instrumento en favor de las mayorías parlamentarias, camino escabroso que puede conducir a escenarios que no es preciso detallar. En definitiva, el artefacto político de Pedro Sánchez, pues de ello se trata, pone en riesgo cuestiones fundamentales para la concepción de las democracias occidentales que la sociedad española no puede admitir pasivamente.