La asfixia política y fiscal de Cataluña

Cataluña sigue a la cabeza de las regiones españolas por el número de empresas que deciden cambiar la sede social a otras comunidades. Como hoy publica LA RAZÓN, desde el malhadado «Procés» más de 10.000 firmas de todas clases y tamaños han abandonado el Principado a la búsqueda de otros destinos más amables y con menores incertidumbres de futuro, pero equivocaríamos el análisis si sólo atribuyéramos esta tendencia a la presión de los movimientos soberanistas y al temor a un cambio dramático en las condiciones jurídicas y políticas en el territorio catalán.

Ciertamente, ese componente existe y en el inicio del proceso anticonstitucional impulsado por las propias autoridades desde la Generalitat fue el factor determinante, de la misma manera que sucedió en la provincia canadiense de Quebec tras las sucesivas consultas separatistas, que crearon un clima de desconfianza empresarial que se prolongó más de una década, pese a la notable pérdida de influencia de los movimientos nacionalistas quebeçois. En Cataluña, sin embargo, a la presión de los partidos soberanistas, con mayor afección en el sistema educativo y en la normativa de la Administración, hay que sumar una política fiscal desmesurada, culpable de la creación de un clima enrarecido para la iniciativa emprendedora, como se viene denunciando reiteradamente desde la patronal catalana Foment del Treball o desde los colegios de economistas del Principado.

No es que en el resto de España la presión impositiva sobre empresas y trabajadores sea baladí –como demuestran unas cifras de recaudación históricas que, sin embargo, no se traducen en una mejora similar de los servicios públicos–, pero en Cataluña se dobla esa presión con las políticas fiscales de la Generalitat, hasta poder hablar de asfixia impositiva sin temor a caer en la exageración. Ejercicio tras ejercicio, el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, que elaboran La Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation de Washington, sitúa a la comunidad catalana en el puesto número 19, es decir, en la cola del citado índice, en el que Madrid, las tres diputaciones vascas y Andalucía ocupan los cinco primeros lugares.

Cataluña no sólo triplica el número de impuestos propios sobre el resto de las regiones, sino que sus tipos marginales de IRPF son los más altos de España e, incluso, están por encima de los más onerosos de la Unión Europea. Es decir, el esfuerzo que exige a empresas y trabajadores, a las familias catalanas en suma, la Generalitat adquiere tintes disuasorios, con unos servicios públicos, además, equiparables a los de otras comunidades autónomas con menor fiscalidad. Se podrá tirar del manido argumento de la competencia desleal –el dumping fiscal de Madrid– de Isabel Díaz Ayuso, pero la comunidad madrileña sí que va como un cohete.