Crece la resistencia a la amnistía sanchista

El goteo de renuncias, peticiones de traslado y cambios de destino que afecta al cuerpo de letrados del Congreso no puede desvincularse de la conmoción que provoca en unos profesionales de acreditado prestigio y servidores públicos, conscientes de los límites del marco constitucional, el forzamiento del ordenamiento jurídico en un caso clamoroso de connivencia política y personal, variedad «socorros mutuos», entre la Presidencia del Gobierno y el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Refleja, también, el deterioro institucional del Congreso de los Diputados, convertido de facto en una mera cámara de resonancia del Poder Ejecutivo bajo la actuación de una presidenta, Francina Armengol, la tercera autoridad del Estado, que desempeña su cargo en función de los intereses inmediatos del líder del partido en el que milita. Es tal la enormidad de lo que pretende hacer Pedro Sánchez con la ley de amnistía para seguir en La Moncloa que ha tenido que recurrir a sus más fieles para que den una problemática cobertura legal a un acto a todas luces inconstitucional.

Tal vez, no haya sido difícil encontrar un Cándido Conde-Pumpido, un Juan Carlos Campo o un Fernando Galindo que desbrocen el camino de la conveniencia presidencial, pero la gran mayoría de los profesionales del Derecho que ejercen en España, incluidos, por supuesto, los letrados del Congreso, perciben el agravio al imperio de la ley y alertan de las complicaciones futuras del engendro político, jurídico y social de la amnistía. En este sentido, la opinión pública asiste atónita al espectáculo de unos representantes públicos, especialmente, los ministros del Gobierno, que van modificando su criterio a medida que el estado de necesidad de su jefe de filas se agudiza, como ha sucedido con la ampliación a delitos terroristas de la medida de gracia, en un ejemplo de contorsionismo dialéctico que sólo podemos encuadrar en el «más difícil todavía» de las representaciones circenses.

En cualquier caso, el riesgo mayor para la estabilidad y la convivencia ciudadana, que sería la cooptación del Poder Judicial, puede descartarse, con una Magistratura que viene actuando de una manera ejemplar cuando se trata de la defensa del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico español. Porque, debemos insistir en ello, la mayoría aritmética de la Cámara no es el único baremo de la legitimidad en una democracia plena, como pretenden hacernos creer desde la izquierda y los nacionalismos. Ahora bien, la tensión resultante de hacer comulgar con ruedas de molino a una parte mayoritaria de la sociedad, la que se encuentra a extramuros de Pedro Sánchez, nunca es gratuita, por más que los mecanismos del poder se impongan por su propia dinámica, como en el caso presente de la amnistía. Se imponen, sí, pero no les legitima.