La demagogia no construye pisos

La presentación del Plan de Vivienda que hizo ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo puede interpretarse desde la fuga de la realidad de un mandatario, por las trazas, más atento al «relato» a vender entre la opinión pública que al problema a resolver. Es de traca, si no fuera doloroso para quienes se ven obligados a alquilar habitaciones sin derecho a cocina para poder vivir, presentar como una medida progresista el castigo fiscal a los compradores de inmuebles extracomunitarios y sin residencia en España como si estos vinieran a disputar pisos sociales de 80 metros cuadrados a nuestros jóvenes y no a invertir en viviendas de lujo en las mejores calles de las grandes capitales o en las zonas costeras.

Lo mismo reza para los otros lugares comunes «progresistas», el de los pisos turísticos, que apenas representan el 2 por ciento del parque inmobiliario, y el de las viviendas de la SAREB, en su mayor parte situadas en áreas sin demanda o en tal mal estado de conservación que exigen inversiones prohibitivas. Lo cierto es que faltan en el «relato sanchista» algunos de los principales factores que explican la crisis de vivienda. Por ejemplo, que entre 1995 y 2010 se construían en España 70.000 viviendas de protección oficial cada año, mientras que a partir de 2021, con el actual gobierno social comunista, esa cifra ha bajado a 13.000 unidades al año con algún tipo de protección oficial. Con todo, lo peor es que asistimos a unos planteamientos políticos que vienen lastrados por unas ideologías de la izquierda que demonizan el mercado inmobiliario y la industria de la construcción como si no fueran actividades económicas tan respetables como las demás.

Al grito de ¡especulación!, los llamados partidos progresistas han llenado de trabas la libre promoción de viviendas, pero, también, las grandes operaciones urbanísticas impulsadas por comunidades autónomas y ayuntamientos. Proyectos como Madrid Norte o Campamento, con hasta tres décadas de retraso, mientras los nuevos vecinos de la capital y los jóvenes con deseo de formar familia se ven obligados a dedicar más de la mitad del salario para acceder a un piso de alquiler.

La solución no vendrá de la repetición de los mismos errores que nos han conducido a la situación actual. Hay que habilitar suelo finalista, es decir, listo para construir; eliminar barreras burocráticas, coordinarse con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias urbanísticas, e impulsar la inversión privada con estímulos y, sobre todo, con garantías de seguridad jurídica. No habrá un mercado inmobiliario digno de ese nombre si cualquier gobierno de turno puede intervenir a su criterio las condiciones de los contratos de arrendamiento. En definitiva, sólo propaganda y demagogia en el programa que presentó Pedro Sánchez. Una vez más, por cierto.