Un desenlace lógico en Extremadura

El acuerdo de gobierno en Extremadura al que han llegado el Partido Popular y Vox responde a la decisión de los electores. Podrá el presidente saliente, Guillermo Fernández Vara, alegar la condición de partido más votado y agitar el fantasma de la extrema derecha, pero lo que nos dicen las urnas es que una sólida mayoría de los extremeños, el 47 por ciento, para ser exactos, querían el cambio de ciclo político en una región de larga hegemonía socialista y cuyos índices de desarrollo económico y social no se correspondían con su enorme potencial.

Sin duda, han influido otros factores de carácter nacional en la notable pérdida de votantes socialistas, como el rechazo a los acuerdos con los proetarras de Bildu, pero ha sido más determinante el seguidismo de la Junta a unas políticas gubernamentales que han preterido a la región en favor de quienes desde posiciones nacionalistas sostenían parlamentariamente al Gobierno.

En este sentido, una somera lectura de los acuerdos alcanzados entre la candidata popular, María Guardiola, y el líder de Vox, Ángel Pelayo, es suficiente para entender que el ruido de fondo que precedió al proceso negociador –y que costó la presidencia de la Asamblea al centro derecha– respondía más a la periferia de la política, últimamente, demasiado presente en la vida pública española, que a los intereses coincidentes de ambas formaciones.

Así, y como muestra valga un botón, el punto 2 de las medidas económicas, fiscales y de empleo pactadas entre el PP y Vox plantea una reducción de la carga fiscal en Extremadura, de las más altas de España, con la supresión de la doble imposición que suponen los impuestos de Patrimonio, Donación y Sucesiones; reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Matriculaciones, y del IRPF.

O dicho de otra forma, María Guardiola y Ángel Pelayo podrán disentir en la terminología a emplear en la lucha contra la violencia sobre las mujeres o en otros aspectos de la ideología de género, cuestiones que siempre llevan a vistosos debates mediáticos, pero coinciden en lo fundamental de las políticas de impulso al desarrollo económico y social de corte liberal, las únicas, por cierto, que están dando buenos resultados allí donde se aplican, como en Madrid, con la pretensión declarada de hacer de Extremadura una región atractiva para las inversiones, que elimine las cargas de todo tipo que lastran una industria agropecuaria de calidad excepcional y que, en definitiva, acabe con el modelo extractivo y burocrático socialista.

Por supuesto, no es tarea fácil, más para un gobierno que integra, en su correcta proporción, todo hay que decirlo, a gestores de dos formaciones política distintas. De ahí que sea muy deseable que se haya aprendido que en medio del ruido es muy difícil servir al interés público. De los extremeños y del resto de los españoles.