Doñana, un pacto bajo la presión de Europa

La Junta de Andalucía y el Gobierno central han llegado a un acuerdo para blindar el humedal de Doñana y, al mismo tiempo, limitar en lo posible los daños a los agricultores del entorno del paraje natural, que se habían convertido en los destinatarios de una campaña de criminalización por parte de las organizaciones ecologistas y de algunos partidos de la izquierda.

Se pueden discutir los términos del pacto, sostenido con unas inversiones millonarias de dinero público, pero no la necesidad imperiosa del mismo, no sólo por lo que significa de defensa de una de las joyas naturales de España, sino porque desde la Unión Europea se preparaban medidas sancionadoras millonarias por el incumplimiento de las directrices comunitarias referidas a la conservación del medio ambiente. El acuerdo representa un hito por varias razones, comenzando porque se ha llevado a cabo entre dos administraciones, la Junta y el Ministerio para la Transición Ecológica, gobernadas, respectivamente, por el Partido Popular y el PSOE, en un momento de ácido enfrentamiento político por la pretensión gubernamental de aprobar una ley de amnistía, pero, también, porque se pone fin a una política de pasividad culposa de casi tres décadas frente a la proliferación de pozos ilegales.

Y, si bien, no se trata de repartir culpas, hay que reconocerle al gobierno autonómico del popular Juanma Moreno que, en lugar de esquivar la responsabilidad como hicieron todos sus antecesores, rompiera el impasse con una propuesta legislativa de regulación de regadíos ante la que era forzoso posicionarse. Prueba de la pasividad a la que nos referimos, es que un trasvase de recursos hídricos desde los ríos Odiel, Tinto y Piedras a los humedales de Doñana, aprobada por el Gobierno socialista, ha dormido en el cajón del Ministerio más de un lustro, pese a haber seguido todos los procedimientos legales.

Podrá, asimismo, criticarse la estrategia de abandono de cultivos que subyace en el acuerdo y que viene siendo habitual en las políticas agrarias de Bruselas, pero si se cumplen los objetivos de diversificación del tejido productivo, lo que no es fácil, se paliara le pérdida de unas producciones de frutos rojos, que son emblema de la agricultura de Huelva y que, en 2022, supusieron casi 1.400 millones de euros de ingresos en exportaciones. Además, los agricultores no están obligados a dejar en barbecho o a reforestar sus campos, puesto que pueden elegir otros cultivos de secano o seguir técnicas ecológicas de menor consumo, aunque, eso sí, cobrando mucho menos de los 100.000 euros por hectárea abandonada. Por último, y no deja de ser una paradoja en el momento actual, la ministra Teresa Ribera se mantuvo firme en su negativa a «amnistiar» las sanciones por la extracción ilegal de agua. Al parecer, su Gobierno no necesita más votos de esa índole.