La Europa de los valores mira a España

Puede que el debate en el Parlamento Europeo sobre la futura ley de amnistía deviniera en un remedo de la bronca que desdibuja la discusión política en la Cámara Baja española, una vez más, es forzoso decirlo, con los representantes de la izquierda y los nacionalistas vinculando a los partidos conservadores con un imaginario franquista que anularía sus credenciales democráticas, pero se equivocarían quienes crean que el traslado al ámbito comunitario de la inicua ley de gracia no es más que un brindis al sol de la derrotada oposición española.

En primer lugar, porque, en Europa, el PP no sólo forma parte de la coalición de partidos más fuerte de la Unión, sino que sus principales dirigentes, como el alemán Manfred Weber, tienen sobrada experiencia en el trato con los populismos de izquierda y derecha, y con los movimientos nacionalistas identitarios, que la mayoría de los ciudadanos europeos identifican, correctamente, como peligros potenciales para el futuro de una Europa unida en los valores del humanismo y la democracia. Es decir, que son sociedades que tienen memoria reciente del totalitarismo, para las que conceptos como estado de Derecho e independencia judicial no son simples palabras lanzadas como globos al viento.

En segundo lugar, porque en Bruselas, como demuestran las numerosas declaraciones de los responsables de la Comisión de Justicia de la UE, comenzando por su comisario Didier Reynders, son conscientes de que hay un problema entre los gobiernos de coalición de Pedro Sánchez y los representantes del Poder Judicial que ya les obligó a intervenir cuando desde La Moncloa se pretendió cambiar el sistema parlamentario de elección de los vocales del CGPJ, reduciendo las garantías de una mayoría absoluta reforzada.

Es más, ayer, volvió a surgir en el debate el recordatorio de que España no había reformado el sistema de elección en el gobierno de los jueces de acuerdo a unos estándares europeos que buscan reducir al máximo la influencia y la potestad de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial. La Comisión, pues, conoce de sobra, porque ya ha enfrentado procesos similares en Austria, Polonia y Hungría, que el problema real en España no es la supuesta adscripción «fascista» de la oposición conservadora, como proclaman histéricos los corifeos de la izquierda española, sino el intento nada discreto de los partidos gubernamentales de influir en las decisiones judiciales.

De ahí que el examen comunitario de la proposición de una ley, cuando menos, de dudosas credenciales jurídicas y constitucionales sea algo más que la repetición maniquea de las sesiones del parlamentarismo español. Por lo menos, la presidencia de la Cámara de Estrasburgo no aplica el doble rasero de Armengol y también retira de la tribuna a los energúmenos diputados comunistas.