La ficción de una mayoría progresista

Alentar entre la opinión pública la especie de que el Gobierno se sostiene sobre una mayoría parlamentaria «progresista» ha sido uno de los objetivos primordiales de la propaganda gubernamental, indisociable del relato que presenta a Pedro Sánchez como supuesto ganador de las últimas elecciones generales, lo que es absolutamente falso. En realidad, la mayoría de investidura se parece más a una de esas viejas asociaciones de «socorros mutuos», con unos socios, en el presente caso, sin otra vinculación política o ideológica que las prebendas que puedan obtener de un gobierno débil, atrapado en una geometría variable desmesurada que acabará por quebrarse.

Ciertamente, ni el PNV ni Junts, partidos netamente conservadores, podrían ser adscritos al «progresismo», más aún, cuando forman parte del Ejecutivo de coalición dos formaciones de la extrema izquierda como Podemos y Sumar, cuyas propuestas legislativas, caso de la regulación de los alquileres, por poner un ejemplo, están en las antípodas de la defensa de la libertad de mercado y del derecho a la propiedad privada que sostienen la mayoría de sus votantes. Con ello no queremos decir que se hallen libres de la infección populista, pero sí que están obligados a cabalgar unas contradicciones que, a la larga, tienen su reflejo en los resultados electorales.

Se argüirá, no negamos que con cierta razón, que tanto el PNV como Junts antepondrán siempre la estrategia nacionalista sobre cualquier otra consideración y que en ningún caso están dispuestos a poner en peligro una legislatura pródiga en concesiones, pero la misma peripecia de la ley de amnistía, con Carles Puigdemont obligado a alargar su exilio belga y, sobre todo, con su partido fuera de las instituciones catalanas, debería servir de recordatorio contra las conclusiones demasiado fáciles.

Por supuesto, no existe ese cambio de mayoría parlamentaria que denunciaba ayer el portavoz de ERC Gabriel Rufián, que supondría un imposible entendimiento entre Juns y Vox, aunque sí es un hecho que los seguidores de Puigdemont están dispuestos a hacerle imposible la vida parlamentaria a Pedro Sánchez, hasta que éste cumpla con los compromisos adquiridos con el expresidente de la Generalitat.

La prueba de fuego será el próximo 26 de septiembre cuando se haya de votar el techo de gasto, paso previo para la elaboración de los Presupuesto Generales. Ahí veremos hasta dónde están dispuestos los nacionalistas a mantener la presión sobre el presidente del Gobierno, que, a su vez, empieza a encontrar mayores resistencias en el seno de su propio partido a la política de cesiones territoriales a cambio de votos. Su único alivio es que no hay elecciones a la vista en lo que queda de legislatura, con lo que podrá seguir en La Moncloa aunque eso no signifique que esté en condiciones de gobernar.