Gibraltar no puede ser una grieta en Europa

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viaja a Londres con la misión de concluir un acuerdo con el Reino Unido que adapte la situación fronteriza de su colonia gibraltareña a su condición de territorio externo a la Unión Europea, adquirida tras la conclusión del Brexit, en 2020. No parece que sea muy difícil entender que el control del tránsito de personas y mercancías en el espacio Schengen pueda quedar en manos de un país tercero, sobre todo si hablamos de una frontera situada en un área tan sensible para España y la UE como es el Estrecho de Gibraltar y el Magreb, vía marítima estratégica de capital importancia.

Aunque ya supone una irregularidad pasmosa, al menos, entre gobiernos democráticos y aliados en la OTAN, la falta de transparencia sobre el contenido de las negociaciones y las causas del diferendo, todo indica que son las autoridades de la Roca quienes se oponen a que los servicios aduaneros de Frontex, es decir, la Policía española, se encarguen en paralelo con los agentes llanitos de los controles fronterizos, que se situarían en el puerto y en el aeropuerto, con instalaciones de uso conjunto. A cambio, desaparecería la valla o verja que separa físicamente la colonia del territorio español, evitando el actual cuello de botella del único puesto fronterizo.

Ciertamente, y orillando la cuestión de la soberanía, a la que España no renuncia ni debe renunciar, se antojan unas condiciones muy favorables para ambas partes, puesto que, del lado británico, los gibraltareños mantendrían su libertad de movimiento y comercio, y, del lado español, se garantiza la seguridad y el control de personas y mercancías, del contrabando, en suma, además de facilitar el paso de los españoles que trabajan en la Roca y que, entre otras tareas, aseguran el buen funcionamiento de su único hospital.

Sin embargo, la experiencia acumulada en el conflicto gibraltareño dicta que el gobierno británico nunca actúa desde la buena voluntad y que utiliza a la población de la colonia como arma arrojadiza en cualquier negociación –no en el caso de Hong Kong, que fue entregada al régimen totalitario chino– lo que debería aconsejar al ministro Albares una posición de la máxima firmeza. Porque es a los habitantes de Gibraltar a quienes más perjudicaría la falta de un acuerdo, si tenemos en cuenta que el 10 de noviembre entran en vigor los nuevos protocolos para el control fronterizo del espacio Schengen, que obligaría a los llanitos a registrar oficialmente todos sus cruces a España, y que en 2025 se implementará en la UE la autorización previa de viaje a todos los ciudadanos de terceros países exentos de visados, a modo del ESTA norteamericano. A Gibraltar, como colonia británica con un régimen fiscal muy favorable, esas medidas supondrían graves problemas de saturación en la frontera. Ahí, Albares tiene su baza.