El Gobierno carece de política migratoria

A día de ayer, porque las cifras fluctúan al alza, los servicios sociales de las Islas Canarias atendían a 5.812 menores extranjeros no acompañados (Menas), el mayor número jamás registrado, ante la indiferencia del Gobierno central, sobre el que recae la gestión del control de fronteras y, por lo tanto, de las políticas migratorias. Se queja, con razón, el presidente del ejecutivo canario, Fernando Clavijo, de la falta de resolución gubernamental ante un problema que desborda las capacidades de su comunidad y reparte las culpas, aunque no a partes iguales, entre el Gobierno y el Partido Popular.

Propone que el Ejecutivo apruebe por decreto ley las fórmulas de reparto de los menores, ya que considera que existe el respaldo parlamentario suficiente para convalidarlo, tal vez, porque no tiene en cuenta que algunos de los socios de la investidura, como Junts o el PNV, están negociando con La Moncloa sus agendas propias sobre inmigración -de hecho, Carles Puigdemont exige el traspaso de las competencias migratorias a la Generalitat–, despropósito que condiciona por fuerza la posición de los populares y que no parece, de llevarse a cabo, que se tradujera en un movimiento entusiasta por parte de catalanes y vascos para recibir con los brazos abiertos a los Menas de Canarias.

Por supuesto, somos conscientes de que es imprescindible, como señaló Su Majestad en el discurso de la pasada Nochebuena, que las dos grandes formaciones políticas lleguen a un acuerdo de Estado sobre la gestión de los flujos migratorios, pero desde un análisis desapasionado es preciso reconocer que las urgencias de Pedro Sánchez con Junts a la hora de permanecer en el poder no facilitan, precisamente, la conclusión de esos pactos con la oposición que lidera Alberto Núñez Feijóo, poco inclinado, como es lógico, al troceamiento de la gestión migratoria.

Porque el problema de fondo en toda esta crisis de los cayucos, en la que a los canarios les ha tocado la peor parte, pero no solo a ellos, es que el Gobierno de coalición carece de una política sobre el fenómeno de la inmigración irregular digna de ese nombre, más allá del recurso dialéctico habitual de considerar que es en los países de origen donde hay que actuar, con inversiones y ayudas de más que dudosa eficacia, mantra que en el seno de la Unión Europea, con Italia y los países nórdicos a la cabeza, se está empezando a rechazar, una vez que las subvenciones multimillonarias a los gobiernos de los países emisores y de tránsito no sólo no disuaden a los candidatos a la inmigración, sino que alientan a las organizaciones mafiosas que organizan los viajes. En cualquier caso, lo único que cabe demandar al Gobierno es que actúe con celeridad en aquellas situaciones de emergencia, como la que se está dando en Canarias. Si, además, adopta una política migratoria, la que sea, pues miel sobre hojuelas.