Un Gobierno no debe descender al insulto

Es perfectamente entendible el malestar del Gobierno por la decisión de Ferrovial, absolutamente legítima desde el ejercicio de la libertad empresarial, de trasladar su sede social a los Países Bajos, aunque sólo sea porque pone ante la opinión pública nombre y apellidos a la política de asfixia fiscal que sufre el tejido empresarial español y muestra el camino a otras grandes multinacionales españolas que, a fuerza de talento e innovación, han conseguido el liderazgo internacional en sus respectivos sectores.

Incluso, podemos aceptar que ese malestar se traduzca en la apelación al patriotismo y a una historia de intereses compartidos, pero no es de recibo que el Gobierno de un país democrático descienda al insulto de quien decide lo que cree mejor para el futuro de su empresa y su potencial de crecimiento, lo que también redunda en la propia sociedad española, y mucho menos, como es el caso, a la amenaza de cambiar las reglas del juego para castigar retroactivamente a una firma que siempre ha jugado dentro de los márgenes de la ley. Por supuesto, estamos acostumbrados a la demagogia, los lugares comunes y las mixtificaciones dialécticas de los socios comunistas del Ejecutivo, pero podía esperarse del sector socialistas, con larga experiencia en el trato con los principales proveedores de servicios públicos, que se ahorraran términos como «codicia» o «cortoplacistas» al referirse a una decisión empresarial no exenta de lógica económica y financiera si tenemos en cuenta las actuales condiciones de un mercado globalizado en el que prima la rentabilidad.

Es más, reclamar ejercicios de patriotismo en este ámbito es tanto como invocar a los viejos fantasmas del nacionalismo económico, los aranceles aduaneros y las trabas a la circulación de los capitales inversores que tanto han contribuido al crecimiento español. Nos hallamos, pues, ante una reacción gubernamental, cuando menos, poco meditada que, además, ignora olímpicamente que en los proyectos de futuro de Ferrovial se encuentra la permanencia de sus operaciones en España, donde mantiene 5.000 de los 65.000 trabajadores con que cuenta la empresa.

Sólo faltaría que prosperaran las ideas delirantes de Unidas Podemos de vetar los contratos públicos a las empresas que no tengan sede social en nuestro país o ejecutar un castigo fiscal para que acabe de instalarse en el imaginario internacional la idea de un país que carece de seguridad jurídica. Ciertamente, el camino es otro, diametralmente opuesto al dirigismo y el intervencionismo estatalizante que caracterizó a los regímenes más ineficaces económica y socialmente que ha dado la historia. Y, en cualquier caso, se espera de un Gobierno reflexión y serenidad, antes de lanzarse al ruedo de las invectivas y las quejas cuando la realidad se le muestra esquiva a sus deseos.