Hay que proteger la independencia judicial

No creemos incurrir en juicio de intenciones si alertamos de que la izquierda gobernante pretende utilizar la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para nutrir las presidencias de las salas y los tribunales con jueces y magistrados de tendencia «progresista», a imagen de lo sucedido con el Tribunal Constitucional, la Junta de Fiscales o cualquier otro órgano del Estado colonizado por el actual poder político.

El hecho de que los aliados socialistas de Sumar consignen por escrito que en la elección de magistrados haya que tenerse en cuenta «la sensibilidad del candidato» debería servir de aviso a navegantes a un Partido Popular sometido, ciertamente, a una presión difícil de soportar para que renueve el CGPJ y bajo la amenaza expresa de rebajar por ley la mayoría cualificada parlamentaria, asunto que ya disparó las alarmas en la UE y obligó a intervenir a la propia Comisión Europea. La alternativa que eligió el Gobierno de Pedro Sánchez fue modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para impedir que un Consejo en funciones pudiera efectuar nombramientos de jueces y magistrados –reforma que La Moncloa tuvo que volver a «reformar» para poder renovar el Tribunal Constitucional, a su favor, claro–, con lo que, en estos momentos, hay casi un centenar de plazas vacantes en los tribunales sin cubrir, una treintena de las mismas en las distintas salas del Supremo.

Que a Pedro Sánchez le corra prisa abordar la renovación del CGPJ puede tener múltiples explicaciones, algunas relacionadas con los problemas judiciales del PSOE y, otras, con las expectativas de un final apresurado de la legislatura, pero que el bien supremo a proteger es la independencia judicial no admite mucha controversia, al menos, en las democracias asentadas.

Porque las «prisas» socialistas casi siempre son selectivas e interesadas, de lo contrario no se explicaría que todavía no se haya renovado al magistrado del Constitucional que elige el Senado –Cámara actualmente de mayoría absoluta popular–, cuya elección ha sido sistemáticamente saboteada por las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, pese a que no alteraría la dócil mayoría «progresista» que pastorea Cándido Conde-Pumpido. Es el mero cotejo de la realidad lo que llama a la alarma y si desde el Gobierno se pretende lo contrario bastaría con aceptar la propuesta del Partido Popular de un CGPJ en el que los vocales procedentes del Poder Judicial se eligieran por sus pares, evitando, como aconseja la Unión Europea, las sospechas de injerencia política en los nombramientos. Entendemos las dudas del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ante la amenaza gubernamental de romper la baraja y dictar una ley ad hoc para controlar el Consejo, pero la única vía responsable es la que lleva a garantizar la mayor independencia de la Justicia.