La Justicia sigue sus propios caminos

Un magistrado de la Audiencia Nacional, que investiga la trama criminal del llamado «Tsunami Democràtic», ha hallado indicios claros de la comisión de un delito con aparentes connotaciones de terrorismo en el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y en la dirigente de ERC, Marta Rovira, ambos declarados prófugos de la Justicia.

No es cuestión de profundizar en esta nota editorial ni en las razones del juez, fundadas a partir de una exhaustiva investigación de la Guardia Civil, ni en las dificultades sobrevenidas para la tipificación de los hechos investigados tras la desaparición de la Sedición en el Código Penal –derogación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez–, porque, a nuestro juicio, lo fundamental es recalcar que los caminos de la Política y de la Justicia son distintos y cuando confluyen, uno de los dos padece.

Probablemente, una parte de la opinión pública española no entenderá que siga adelante un procedimiento judicial condenado de antemano a quedarse en el vacío por una ley de amnistía que, precisamente, busca la absoluta impunidad de los presuntos delincuentes investigados en este y otros procesos, y otra parte, creemos que minoritaria, considerará que nos hallamos ante un ejemplo de «lawfare», término acuñado en Estados Unidos para definir el abuso de los procedimientos judiciales con fines espurios de persecución política.

Por supuesto, esta última acusación, reiterada desde el separatismo catalán, no se sostiene por cuanto hablamos unos hechos delictivos cometidos a plena luz y con publicidad, es decir, conocidos por todos los españoles, que, entre otros sucesos, llevaron a la paralización violenta de infraestructuras de transporte críticas, como los aeropuertos. No hay, pues, más persecución que la del delito y sus autores, como por otra parte, establece nuestro ordenamiento constitucional. Es cierto, sin embargo, que los procedimientos judiciales abiertos decaerían con la entrada en vigor de la citada ley de amnistía, pero a todos los efectos, hoy por hoy, los delitos están ahí y sus autores tienen que ser imputados, juzgados y sentenciados si son considerados culpables.

Si en el tiempo, la política interfiere la acción de la Justicia, la responsabilidad no estará del lado de los jueces, sino de quienes movidos por intereses propios retuercen o cambian las leyes para alcanzar sus fines. Podrán decretar «el olvido» de lo que supuso un atentado contra la convivencia y la unidad de la Nación como fue el procés. Podrán, si la mera cuenta de los escaños así lo permite, que los propios responsables de lo sucedido impongan el reconocimiento de su impunidad, pero mientras el vergonzante trámite legislativo no haya terminado, los jueces seguirán cumpliendo con sus funciones. Y, además, yerra el Gobierno, porque los españoles, al menos, los de esta generación, no lo olvidarán nunca.