Ni legal ni necesaria ni deseada socialmente

No debería causar la menor sorpresa en el Gobierno el tenor del informe de los letrados del Congreso adscritos a la Comisión de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la proposición de ley de amnistía elaborada por el PSOE y en trámite de enmiendas. Y no debería, fundamentalmente, porque en los tres años transcurridos entre el dictamen que tumbó una propuesta similar de Junts, descrita como «palmariamente inconstitucional», y el presente informe no se ha producido cambio alguno en nuestro ordenamiento jurídico que justificara un cambio de criterio de los letrados de las Cortes.

Podrá, ahora, el entramado gubernamental recurrir a sus juristas de cabecera para convertir en un acto de legalidad, siquiera sobrevenida, lo que no es más que un atropello a los derechos de los españoles y un insulto a la inteligencia, pero ni toda la imaginería forense cambiará la realidad de que nos hallamos ante una decisión política que ni es legal ni es necesaria ni es deseada por la mayoría de la sociedad.

Son, precisamente, las dudas sobre la legalidad de la proyectada amnistía a la luz de la doctrina jurídica consolidada por los tribunales de justicia europeos lo que debería aconsejar a nuestro Ejecutivo extremar el principio de precaución, entre otras razones, porque el Reino de España es tributario de una constitución europea que consagra la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, y que, además, no ve con buenos ojos aquellas decisiones que comprometen, como en el caso de la malversación de caudales públicos o el terrorismo, la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos perseguidos por el Derecho de la UE.

No significa, por supuesto, que nuestros socios comunitarios no comprendan el estado de necesidad del presidente del Gobierno español, pero sí que los límites que nos hemos dado como ciudadanos de la Unión Europea están para respetarlos, que es lo que, lealmente, advierten los letrados de las Cortes en su preceptivo informe. En este sentido, cabría considerar que sobra el exceso de voluntarismo del Gobierno y su discurso de «la ley impecable» aunque sólo sea porque la opinión pública en su conjunto está al cabo de la calle de lo que estamos hablando.

Que el legislador, en su papel constituyente, rechazó la posibilidad de dictar nuevas amnistías es un hecho incontrovertible reflejado en el diario de sesiones de las Cortes, como también señalan significativamente los letrados del Congreso, y no existe más razón para retorcer el espíritu constitucional que el apremio del líder socialista, Pedro Sánchez, a la hora de revalidar su elección como presidente del Gobierno. Cuenta con una aritmética parlamentaria favorable pero que exige unas concesiones políticas, cuando menos, en el límite de la legalidad y, sin la menor duda, en contra de la mayoría social.