El optimismo casa mal con los datos de empleo

No es sólo que junio de 2023 haya sido el peor mes a efectos de creación de empleo desde 2015, es que el mercado laboral español presenta unos preocupantes síntomas de precarización que en nada se compadecen con el optimismo gubernamental y sus alardes con símiles motoristas. Con un problema añadido, que estamos, una vez más, ante el incumplimiento de un compromiso, en este caso, de transparencia en los datos oficiales con respecto a la incidencia real en la tasa de desempleo de los fijos discontinuos, al que no encontramos más justificación que el maquillaje del paro real ante la próxima cita con los electores.

No es, por supuesto, una cuestión menor, puesto que escamotear a los ciudadanos la realidad en la que viven, es una práctica política que se califica por sí sola. Tal es así, que apenas con los propios datos que facilita el SEPE podemos aproximarnos a esa realidad del mercado de trabajo que se trata de ocultar y que, desde luego, no puede calificarse de halagüeña, por cuanto el 65 por ciento de los contratos indefinidos que firman los trabajadores no son a jornada completa, una anomalía de difícil justificación, más si la opinión pública ha sido bombardeada hasta la extenuación con las bondades de la contrarreforma laboral que impulsó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la aquiescencia de los llamados actores sociales, notablemente la representación de la patronal.

Entre otros problemas, la nueva legislación fomentaba la figura del fijo discontinuo, en detrimento del contrato por obra y servicio, con los resultados esperables: esa modalidad ha sustituido en la práctica a la contratación temporal, hasta el punto de que ya supera por número de contratos a los indefinidos a tiempo completo, y en buena parte es consecuencia de una estructura productiva con unos costes laborales desorbitados, notablemente, a causa de la presión fiscal que sufren empresas y trabajadores. Ciertamente, al Gobierno le ha venido muy bien la extensión de un modelo laboral en el que sus protagonistas no figuran en las listas de desempleo como parados cuando no están trabajando.

No son, por cierto, los únicos, ya que tampoco se incluyen como parados las personas inscritas en el SEPE bajo los epígrafes «con disposición limitada», «demandan un empleo específico» y «otros no ocupados». En total, el «número de personas que no trabajan», según el SEPE, se eleva a las 3.212.002 personas, mientras que los parados considerados oficialmente como tales serían «solo» 2.688.842. Pero a los equipos de la propaganda gubernamental estas disonancias no parecen preocuparles en absoluto. Y cometen un error, porque los ciudadanos ya están al cabo de la calle de una trampa estadística demasiado burda. Se verá en las urnas, seguro.