Un Parlamento al servicio del Gobierno

La tramitación parlamentaria de la proposición de ley de amnistía en un mes tradicionalmente inhábil y en el que se programan las obras de mantenimiento y reforma del Hemiciclo no es más que la enésima muestra de la actitud servil frente los intereses gubernamentales de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, para quien, al parecer, las excepciones que contempla el reglamento son la regla, siempre que se lo demande La Moncloa.

Armengol, que es la tercera autoridad del Estado, actúa con la más absoluta parcialidad y con gesto impávido, incluso, cuando desde la Presidencia del Ejecutivo llegan instrucciones contradictorias, fruto inevitable de las forzosas negociaciones con sus valedores nacionalistas, en las que el PSOE se encuentra en posición subordinada, por más que se escude en el nuevo mantra de «hacer de la necesidad, virtud».

El último ejemplo lo tenemos, precisamente, en la contradicción que supone, por un lado, la premura en liquidar los trámites de la dichosa ley de gracia para los golpistas catalanes y, por otro, en la concesión de un mayor plazo para que los grupos presenten las enmiendas parciales, dado que el Gobierno no ha conseguido todavía el visto bueno de Junts, con su líder, Carles Puigdemont, empeñado en «blindar» la ley para que responda exactamente a sus intereses y, al mismo tiempo, se cubra las espaldas ante un nuevo cambio de opinión del presidente del Gobierno, lo que, dada la experiencia acumulada, no es en absoluto descartable.

Ya asistimos a la designación por la Mesa de la Cámara de un nuevo secretario general, Fernando Galindo, con vinculaciones gubernamentales, para que diera luz verde a la calificación de la proposición socialista, ante el hecho de que los letrados del Congreso habían rechazado la tramitación de una ley de amnistía propuesta por los nacionalistas, similar a la actual, por considerar que entraba «en contradicción palmaria» con el ordenamiento jurídico y la Constitución.

Que el sanchismo siempre encuentre a alguien dispuesto a cumplir sus designios no es, por supuesto, novedad, pero que sea el Congreso, donde reside la soberanía nacional y que representa a uno de los tres poderes del Estado, el que desbroce el camino al Gobierno debería hacer reflexionar a la opinión pública sobre el deterioro de los equilibrios en los que se sustenta cualquier democracia digna de ese nombre.

No es posible cerrar lo ojos ante la política de colonización de la instituciones por parte del actual Ejecutivo y, por más que la propaganda gubernamental trate de distraer a los ciudadanos, no le falta razón al PP cuando busca todo tipo de garantías a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que no hay que olvidarlo, tiene pendientes por decisión socialista los nombramientos de presidentes de los principales tribunales de Justicia. Se llama «principio de precaución».