Problemático recurso judicial a la amnistía

El hecho de que en varias sentencias recientes del Tribunal Supremo, acotando los límites de la prerrogativa gubernamental del indulto, se haya puesto en serias dudas la constitucionalidad de una eventual amnistía, puede llevar a la opinión pública a confiar en una actuación del Poder Judicial que desactive la pretensión de una inmunidad sobrevenida para los encartados en la intentona golpista del procés.

Sin embargo, el propio hecho de que España vive bajo un sistema democrático, es decir, en el que reza la separación de los tres poderes del Estado, convierte en un ejercicio muy problemático cualquier recurso de carácter judicial ante una ley aprobada por el Congreso, es decir, el Poder Legislativo, que haya seguido los correspondientes procedimientos parlamentarios. Es evidente que la medida de gracia, tome el nombre que tome, que reclaman los nacionalistas catalanes para acceder a la eventual investidura de Pedro Sánchez, atañe de manera directa a la Justicia española, aunque sólo sea porque su concesión supondría una desautorización de la legitimidad de la actuación de los tribunales, pero lo cierto es que los instrumentos de los que dispone en este ámbito el estamento judicial son escasos.

En cualquier caso, el recurso al silencio, a la aceptación callada del engendro jurídico no parece que sea una opción. Así, en medios del Tribunal Supremo se da por descontado, como hoy publica LA RAZÓN, que se producirá una reacción acorde a derecho si el Gobierno en funciones saca adelante su proposición de ley, pero se admite que esta quedaría circunscrita al recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y, muy eventualmente, al planteamiento de una cuestión prejudicial ante los tribunales europeos, en base a la renuncia del Estado español a la persecución del fraude del dinero público que conllevan las acusaciones de malversación.

Aunque el Parlamento ya rechazó en 2021, con el apoyo de la bancada socialista, por supuesto, que una amnistía tuviera encaje constitucional, la, al parecer, perentoria necesidad de Pedro Sánchez de mantenerse en La Moncloa obrará un nuevo cambio de opinión entre sus diputados, como ya se ha hecho en el caso del uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Con ello, queremos advertir de que estará en manos de un Tribunal Constitucional de mayoría supuestamente progresista y presidido por un magistrado con notorias vinculaciones al partido socialista, como es Cándido Conde-Pumpido, resolver el recurso que puedan plantear los jueces. No se trata de prejuzgar nada ni, mucho menos, de llevar a cabo juicios de intenciones, pero no es posible negar que la insistencia que demostró el gobierno de coalición y sus prisas a la hora de la renovación del TC legitima las dudas suscitadas entre la opinión pública sobre su imparcialidad.