Pumpido, ante una ilegalidad flagrante

Ni los juegos semánticos ni los malabares dialécticos de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, pueden oscurecer la realidad palmaria de la ilegalidad jurídica que supone la cesión de la política migratoria a la Generalitat de Cataluña, que, como establece con claridad meridiana el artículo 149 de la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado, junto con la Defensa Nacional o la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum, por poner dos ejemplos indelegables.

Ciertamente, en este asunto no hay espacio para la ingeniería política porque, al contrario que en la controversia sobre la amnistía, no nos hallamos ante el silencio constitucional –por más que la prohibición expresa de la concesión de indultos generales da una pista sobre la voluntad del legislador– sino ante un texto sin flancos abiertos, que en su apartado dos señala que «el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo». Podríamos añadir, aunque no nos parece necesario, la legislación comunitaria sobre el control de las fronteras nacionales y el Acuerdo de Schengen, del que España es país firmante, y, también, la sentencia de los tribunales alemanes sobre el caso de Baviera para reforzar una argumentación que no admite rebate.

Por ello, y en el caso de que la proposición de ley del PSOE y Junts salga adelante en el Congreso, que no es seguro tras la toma de posición en contra de Podemos, que no se pueda descartar la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso de inconstitucionalidad que busque la restauración de la legalidad conculcada, ya sea por la Oposición o por cualquiera de los sindicatos que agrupan a los servidores de la seguridad del Estado, policías y guardias civiles, que son los encargados de las funciones que reclama el separatismo catalán.

Y, ahí, conviene recordar a la mayoría «progresista» del Tribunal Constitucional, especialmente a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, que no son una caja de resonancia de un presidente del Gobierno condicionado por su minoría parlamentaria, sino los garantes del orden constitucional español. Más aún, en una materia ya resuelta por el mismo tribunal a raíz del recurso sobre la reforma estatutaria de Cataluña, que mantuvo el control de fronteras y la responsabilidad en asuntos migratorios en manos del Estado. Por mucho que sentencias precedentes hayan servido de alibí a las tropelías jurídicas de nuestro inefable Gobierno, en un ejercicio de mera aritmética mayoritaria pasmoso, no encontramos una vía plausible para cambiar o interpretar el sentido de un artículo de la Carta Magna que no deja lugar a dudas. Y como se ha señalado en varias resoluciones de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, los jueces de Conde-Pumpido no son inviolables ante el hecho de la prevaricación.