Un rechazo inevitable frente a la desigualdad

El pacto de investidura de Salvador Illa firmado con ERC, por el que el Gobierno de la Nación aceptaba entregar la soberanía fiscal a Cataluña bajo una fórmula, ciertamente, sin definir, pero que presenta todas las características de un concierto económico similar a los que gozan el País Vasco y Navarra, tal y como se estableció en el pacto constitucional, llevaba en su mera concepción la semilla de la desigualdad con el resto de las comunidades autónomas y el riesgo cierto de crear desequilibrios financieros territoriales de compleja solución.

Esta percepción de lo que, en realidad, significaba el acuerdo de investidura para la presidencia de la Generalitat es absolutamente transversal en el conjunto de la sociedad española y, por lo tanto, era inevitable que suscitara el rechazo en el propio seno del socialismo español. Hasta qué punto la oposición interna en el PSOE sea capaz de impedir que se cumplan los términos del acuerdo con los nacionalistas catalanes es por el momento una incógnita, dada la potencia de esa nueva estructura de mando del partido que hemos dado en llamar el sanchismo y que apenas encuentra resistencias de «aldea gala» entre algunos barones territoriales.

De ahí, que sea muy significativa la decisión de la Ejecutiva Regional del PSOE de Aragón, presidida por el expresidente autonómico Javier Lambán, que ha acordado por unanimidad su rechazo al acuerdo fiscal pactado entre ERC y el PSC, así como su apoyo a la proposición no de ley presentada por el grupo socialista sobre esta misma cuestión. Que un grupo de ocho miembros de la Ejecutiva, considerados afines al secretario general, Pedro Sánchez, decidieran ausentarse para no verse obligados a votar en contra explica los problemas, incluso de conciencia, que afecta a una parte de la militancia socialista frente a las decisiones de su dirección nacional.

Sería, sin embargo, un error trasladar esas muestras de resistencia de manera matemática a la relación de fuerzas en el Parlamento, puesto que los diputados del PSOE, no importa la circunscripción electoral en la que fueron elegidos, se atienen por el momento a una férrea disciplina grupal, como se ha demostrado en el caso de la amnistía. Pero es también cierto que el rechazo a la modificación del sistema de financiación autonómico está encontrando cada vez más apoyos entre las filas del PSOE, incluso, entre gobiernos autonómicos como los de Asturias y Castilla-La Mancha, hasta el punto de que entre los propios ministros del Gabinete, caso de María Jesús Montero, no parece haber una percepción clara sobre el alcance del acuerdo y sus cláusulas.

En cualquier caso, el inquilino de La Moncloa debería ser consciente de que está incumpliendo acuerdos previos tomados en el seno del partido, como la declaración de Granada, y que podrá exigir un cierre de filas a los suyos, pero no a toda la sociedad.