Regenerar al Gobierno, no a la democracia

La democracia española no necesita sufrir proceso alguno de regeneración, entre otras razones, porque su ordenamiento jurídico garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos, la separación de poderes y la igualdad de todos ante la ley, en el marco de la Nación española única e indivisible. Ciertamente, algunos de estos principios pueden verse desdibujados por la acción de un gobierno como el actual, que no sólo sustenta la legitimidad democrática en la mera aritmética parlamentaria, sino que ha extendido esa interpretación sesgada a todos los organismos del Estado en los que el poder tiene capacidad discrecional para nombrar a los responsables.

Por lo tanto, cualquier proceso de «regeneración» debería pasar por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, comenzando por el cumplimiento del contrato no escrito con los electores, plasmado en sus promesas electorales, entre las que no se encontraba, precisamente, la concesión de una amnistía de más que dudosa constitucionalidad y sin más fin que mantenerse en La Moncloa.

Valga este preámbulo para que la opinión pública se guarde de comprar la mercancía averiada del sanchismo, que proyecta la imagen de un gobierno, que se identifica con la propia democracia, acosado por fuerzas obscuras y zaherido por unos medios de comunicación que responden a intereses bastardos y a los que hay que meter en cintura manu militari. Los mismos que pretenden despenalizar las injurias al Jefe del Estado y a las Instituciones, los mismos que pretenden eliminar del Código Penal los delitos de odio, a los que siempre están expuestos los radicales y antisistema de cualquier signo, proponen normas de control de la Prensa desde la esfera gubernamental y bajo la premisa delirante de que es «bulo» toda aquella información que no comulga con los intereses del Gobierno.

El control y la sanción de los excesos de los medios de comunicación, de los posibles delitos, corresponde a los jueces y magistrados, que son los encargados de aplicar las leyes, y la pretensión de condicionar los contenidos informativos desde el Ejecutivo, no importa los medios de presión que se elijan, atenta directamente contra uno de los derechos fundamentales del ciudadano como es la libertad de información, difusión y opinión.

Un derecho, dicho sea de paso, al que la Unión Europea ha decidido reforzar mediante una nueva directiva, consciente de que la amenaza contra la liberta de Prensa se cierne sobre la población a medida que crecen los populismos más diversos. A lo largo de la historia se han sucedido los intentos de coartar la libertad de expresión con los más variados métodos, desde la asfixia económica de los medios al control de licencias, pasando por la promulgación de leyes específicas, pero, al menos en las democracias occidentales, nunca han dado resultado. Ahora, en España, pasará lo mismo.