Sánchez descubre el «terrorismo bueno»

Ni el juego dialéctico ni la imaginería jurídica pueden justificar la última cesión del Gobierno de la Nación a los intereses particulares de un grupo de personas que tratan de eludir su responsabilidad en uno episodio de violencia política especialmente grave, que provocó lesiones personales y estragos en infraestructuras públicas, que impidió el normal desarrollo de la vida ciudadana y que tuvo como principal objetivo la intimidación de los tribunales de justicia.

En un país como el nuestro, que ha sufrido durante décadas la lacra del terror, en todas sus diversas y perversas formas, pretender, como aseguran los propagandistas gubernamentales, que hay un terrorismo «bueno», que no atenta contra los derechos humanos, es un insulto a la inteligencia y al espíritu y la letra del Código Penal, pero, sobre todo, es una burla hacia quienes, bajo el impacto de los adoquines y entre el humo y las llamas de los contenedores incendiados, trataron de defender el cumplimiento de la legalidad, aun a riesgo de su integridad física y, también, psicológica.

Sienta, además, un peligroso precedente, puesto que relativiza la violencia política, que es la definición propia del terrorismo, en función de los daños directos causados, cuando actuaciones contra el orden público y la convivencia ciudadana como las del «procés» son indisociables de la imposición por medio de la coacción de la voluntad de un grupo sobre el conjunto de la sociedad. La experiencia, que acuñó el término de «terrorismo de baja intensidad», cuya expresión más genuina fue la «kale borroka» etarra en el País Vasco y Navarra, dictó la adecuación de las leyes a una estrategia que alentaba un estado de miedo permanente, de silencio, pasividad y desistimiento entre los ciudadanos, que, por más perífrasis que emplee el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, supone un ataque directo a los derechos humanos, políticos y personales, de un sector de la población.

Con todo, lo peor es que se pretenda hacer pasar ante la opinión pública como una decisión de «técnica jurídica» lo que no es más que la negociación de lo que es terrorismo con individuos que están acusados de terrorismo o que pueden estarlo en un futuro. No sabemos si las salvaguardas con apariencia jurídica que se han introducido en la proposición de ley de amnistía impedirán la intervención de las autoridades comunitarias, pero estamos seguros de que la mayoría de los españoles están al cabo de la calle de lo que sucede entre La Moncloa y los nacionalistas de Junts. Hablamos, claro, del precio que exige Carles Puigdemont por garantizar la permanencia de Pedro Sánchez como jefe de Gobierno. Un precio que no se detiene ante lo que no es más que un desprecio del estado de Derecho y de las normas de convivencia de la democracia española.