Los silencios culpables de Francina Armengol

Se quejaba ayer la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de que la oposición había «cruzado todas las líneas rojas» y de que «no todo vale en política», solo segundos antes de replicar la insidia que el gabinete de batalla de La Moncloa ha puesto en circulación contra el diputado popular Miguel Tellado. Pero esa «perla», que retrata la situación angustiosa por la que atraviesa el socialismo patrio, no es más que una anécdota, casi costumbrista al tratarse del PSOE, frente a las palmarias contradicciones, fallos de memoria, protestas de inocencia y silencios culpables que convirtieron la intervención ante la Prensa de la tercera autoridad del Estado en un ejercicio inútil a todos los efectos prácticos.

Enarbola Armengol, como argumento de autoridad, el hecho de que su nombre no figura en el sumario judicial incoado, obviando su condición de aforada, como si no supiera que su inclusión en la trama supone elevar el procedimiento al Tribunal Supremo. En este sentido, Armengol se encuentra en la misma situación de interinazgo procesal que el ex ministro José Luis Ábalos, hoy en el Grupo Mixto, y el ministro Ángel Víctor Torres, ambos relacionados con el escándalo de las mascarillas, pero protegidos de momento por su aforamiento.

Pero, a nuestro juicio, son los silencios de la entonces presidenta de la comunidad balear sobre quién se puso en contacto con el gobierno insular desde el Ministerio de Transportes para recomendar a los organizadores de la trama porque nos hallaríamos ante un caso flagrante de omisión de la responsabilidad de control del dinero público, o bien, ante un delito de encubrimiento. Tampoco consiguió aclarar por qué pagó con fondos europeos un material sanitario defectuoso y, fundamentalmente, por qué tardó más de dos años en reclamar la devolución del dinero estafado.

La cuestión acabará por dilucidarla tanto la Fiscalía española como la europea por lo que no se entiende esta huida hacia adelante que, al parecer, es la estrategia que por la que ha optado La Moncloa para hacer frente al escándalo de corrupción. En cualquier caso, la opinión pública asiste atónita al enésimo intento gubernamental de descargar la responsabilidad en el adversario, con una reinterpretación de la realidad –ahí está el caso paradigmático del ministro Félix Bolaños tratando de hacer decir a los juristas de la Comisión de Venecia lo contrario de lo que han dicho– que toma tintes hilarantes, con la portavoz del PSOE, Esther Peña, emplazando a José María Aznar a dar explicaciones por el «caso Koldo».

Con todo, lo peor es el desprestigio de una institución como la presidencia del Congreso, en manos de una militante y diputada del partido socialista que ha hecho gala de claro partidismo en el gestión del orden de la Cámara y bajo unas sospechas que la han puesto en el disparadero.