Es suficiente con que el Gobierno acate la ley

Obvia el preámbulo del «Plan de Acción por la Democracia» que en la percepción de los ciudadanos sobre la mayor o menor calidad democrática influye sobremanera la acción del Gobierno de turno y su relación con las instituciones del Estado, lo que explica perfectamente por qué los españoles están más descontentos con su democracia que hace una década.

Por ello, ya podemos adelantar, sin temor a equivocarnos, que el plan de acción aprobado por el Consejo de Ministros sólo conseguirá empeorar la percepción del sistema por parte de la opinión pública, entre otras razones, porque en España sigue existiendo libertad de Prensa y medios de comunicación comprometidos con la verdad, obligados, por lo tanto, a denunciar un proyecto de control de la información, que por más que se envuelva en bellas palabras y loables intenciones tiene por objetivo la creación de un registro gubernamental de medios, de sus propietarios y de los ingresos publicitarios que reciben, con vocación de convertirse en un instrumento para el señalamiento y el amedrentamiento de quienes se revelen incómodos para la acción del Ejecutivo.

No hay otra justificación para un proyecto que pasa por alto un hecho fundamental: que todos los datos empresariales, incluidos los ingresos, ya figuran obligatoriamente en los registros públicos y en las declaraciones que reclama la Agencia Tributaria. De ahí, que se obligue a especificar lo que invierte en publicidad cada empresa y en cada medio puede derivar en presiones espurias a los anunciantes.

Por lo demás, nada tenemos que decir sobre el incremento de la transparencia de la acción gubernamental, la mayor protección de la intimidad y el honor de las personas o el refuerzo de las libertades de expresión, opinión e información que supondrá la reforma, otra más, de los aspectos más coactivos del Código Penal o sobre la claridad de las inversiones públicas en los medios, muchas veces empleadas en formulaciones de «premio» y «castigo». Nada que decir, salvo la constatación de que bastaría con que el actual Gobierno cumpliera con las leyes vigentes, con su espíritu igual que con su letra, para que la democracia recuperara la confianza y el prestigio perdido entre los ciudadanos.

Por otra parte, el recorrido legislativo de las medidas contenidas en el «Plan de Acción» gubernamental se augura tortuoso desde el momento que existe una mayoría social, reflejada en los resultados electorales, que no verá con buenos ojos cualquier amenaza a la libertad de Prensa. Finalmente, insistimos en que los problemas legales que acucian al círculo íntimo familiar del presidente del Gobierno nada tienen que ver con los desafíos que plantean a todas las sociedades, especialmente, las más avanzadas, la explosión global de la comunicación digital, cuyo control es, simplemente, ilusorio.