Tezanos, impávido ante el vuelco político

La constitución, hoy, de los nuevos ayuntamientos surgidos de las urnas del 28 de mayo da fe del vuelco político ocurrido en España, donde el Partido Popular, claro vencedor de las elecciones, gobernará 32 de las 52 capitales de provincia, cinco de ellas en coalición con Vox, mientras que el PSOE podría tener hasta siete alcaldes, la mayoría gracias a los votos de formaciones de carácter nacionalista. Por su parte, Unidas Podemos, ahora subsumida en Sumar, ha desaparecido, prácticamente, del panorama municipal y autonómico.

Pues bien, cuando apenas han pasado veinte días de las elecciones, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que dirige el militante socialista José Félix Tezanos, da a conocer los resultados de su barómetro de junio con un pronóstico de victoria del PSOE en las próximas generales que no sólo choca con la voluntad recientísimamente expresada por los ciudadanos en las urnas, sino, también, con el conjunto de las encuestas publicadas por empresas e institutos privados, que, como «NC Report», que audita la intención de voto para LA RAZÓN, se acercaron mucho más al resultado de las urnas que los encuestadores del CIS.

Se argüirá que este último sondeo reduce a un empate técnico la diferencia de apoyos entre el PSOE y el PP, lo que podría significar que se admite el cambio de tendencia, pero, a nuestro juicio, la clave política se encuentra en la valoración que se hace de Sumar, a la que el barómetro otorga el puesto de tercer partido más votado, superando a Vox, y, por lo tanto, deja en condiciones a Pedro Sánchez de repetir la actual coalición de gobierno.

El problema no es que la «cocina» de Tezanos minusvalore a la formación de Santiago Abascal, como ya hizo ante las elecciones municipales y autonómicas, excusándose luego en un supuesto «voto oculto», sino que el trabajo de campo de la encuesta se llevó a cabo en plenas y tormentosas negociaciones para conformar la nueva plataforma de la izquierda radical de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Llegados a este punto, se antoja legítimo sospechar que el presidente del CIS, un organismo del Estado cuyo funcionamiento se paga con el dinero de todos los españoles, pretende reforzar la «operación Yolanda», que es uno de los objetivos esenciales que se ha marcado La Moncloa para retener el poder y que pasa necesariamente por la anulación de cualquier otra formación política de extrema izquierda que lleve a la dispersión del voto.

No es preciso señalar la gravedad del hecho, puesto que nos hallaríamos ante un caso palmario de la usurpación de un organismo del Estado para ponerlo al servicio del partido gubernamental, algo más propio de ciertos regímenes autoritarios que de una democracia avanzada. Por último, se debe admitir que no es académico proyectar los resultados de unas elecciones municipales a las generales, pero basta con tomarlos como una gran encuesta.