Educación

Jaque a la concertada

La ministra de Educación en funciones afirma que el derecho de los padres a escoger centro o enseñanza religiosa no está recogido en la Constitución

El 25% de la educación en España, que representa la enseñanza concertada, se siente amenazada. Y, en especial, los colegios católicas, que suponen el 60% de todas las escuelas subvencionadas. El principio de acuerdo PSOE-Podemos ha puesto a los defensores de este modelo educativo en alerta y, ayer, constataron que hay motivos para preocuparse ante lo que podría convertirse en un intento de asfixia a la escuela concertada si se forma gobierno. Sobre todo, teniendo en cuenta que es un modelo educativo que la formación morada extinguiría y que no tiene en el PSOE al mayor de sus defensores, que ha hecho bandera de la educación pública.

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Las alarmas saltaron después de que la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, acudiera a la inauguración del congreso de Escuelas Católicas, que reúne a más de 2.000 profesionales de la educación en Madrid, para reflexionar sobre la figura del profesor y lanzara un discurso en el que expuso que el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos no se desprende de la Constitución. Causó un enorme estupor entre los asistentes. «El derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo no son una emanación estricta de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución», sentenció. Con esta declaración, Celaá levantó la indignación del auditorio, que la escuchaba atentamente. Sus palabras provocaron un murmullo generalizado en la sala, lo que obligó a la ministra a parar su discurso y matizar sus palabras: «No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27». Y repitió: «Elegir centro forma parte del haz de derechos de los padres en condiciones legales, pero no es una emanación del artículo 27 de la Constitución».

¿Una advertencia?

Muchos de los asistentes interpretaron su discurso en este congreso como una advertencia a la red de escuelas concertadas y un guiño a Podemos en el intento de formar un gobierno de «fuerzas progresistas».

El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, calificó las declaraciones de la ministra de «inoportunas, discutibles y fuera de lugar». No ocultó su temor al cariz que pueda tomar ahora la legislatura. «Nos tememos que si Podemos tiene influencia en el Gobierno, la proporción de escuela concertada va a querer disminuirla y eso es algo que nos inquieta. Podemos es contrario a la libertad de enseñanza», dijo. Alvira se mostró cauto antes de lanzar la alarma general, pero «vamos a seguir expectantes sobre qué personas ocupan el Ministerio y qué línea se sigue. Ahora esperamos que la ministra aclare en qué medidas políticas se van a traducir estas declaraciones», avanzó a LA RAZÓN.

Una de las grandes preocupaciones de las escuelas católicas es que la ministra ya dijo que su intención era recuperar el proyecto de ley de reforma de la Lomce que encalló en el Congreso por las elecciones del pasado 28 de abril. La normativa ya abogaba por quitar peso a la concertada y recogía la «supresión de la demanda social» que permite que se creen más plazas en la concertada si lo piden las familias y apuntaba: «La red pública tendrá preeminencia, mientras que la concertada será complementaria de las necesidades de escolarización». Conscientes de la situación en la que podría quedar este modelo educativo que eligen uno de cada cuatro padres para sus hijos y uno de cada tres en comunidades autónomas como Madrid, ha lanzado una campaña que lleva por lema «Las verdades de la concertada» para hacer valer las bondades de un modelo educativo que supone un ahorro para el Estado.

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Celaá también anunció, cuando inició su reforma, que en los consejos escolares de estos colegios e institutos (que son los órganos de participación y de control y el principal instrumento para que toda la comunidad educativa pueda implicarse directamente en la toma de decisiones) se dejará una silla también a un representante del Ayuntamiento. Es lo que en el sector educativo denominan «comisarios políticos», que se ha visto en las escuelas católicas como una forma de «intromisión política» en un centro privado que «solo tiene que rendir cuentas de los fondos que recibe».

La Conferencia Episcopal no se mantuvo ayer al margen de la polvareda que han levantado las palabras de Celaá. El secretario general de los obispos, Luis Argüello, salió en defensa de la escuela concertada y advirtió de los peligros de modificar el actual marco educativo español. «Esperamos que la exclusión del derecho de los padres haya sido un lapsus», apuntó. «De no ser así, supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad para el derecho de los padres y la libertad de enseñanza en una sociedad plural».

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PP y Ciudadanos alertan

Desde el ámbito político, el líder del PP, Pablo Casado, pidió al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que hable sobre las intenciones de la ministra. En un tuit, advirtió que «debe aclarar si está de acuerdo con Celaá y si este es el nuevo modelo de la izquierda radical. Hablan de libertad, pero la cercenan cuando no se ajusta a su ideología», concluyó. En Madrid, donde el PP ha hecho bandera de la libertad de enseñanza, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, insistió en que «el artículo 27 de la Consttitución establece el derecho de los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones. ¿Habrán pactado PSOE y Unidas Podemos en secreto para derogar la Constitución?», ironizó. Por su parte, desde Ciudadanos, Inés Arrimadas expresó también a través de la red social los peligros de un pacto de izquierdas para la red concertada. «Entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias. Criminalizar la escuela concertada es un error y un ataque a la libertad», escribió. Debe tenerse en cuenta que el partido de Pablo Iglesias dejó claro en su programa su incomodo con los colegios concertados y pide, en definitiva, dar preferencia a la escuela pública. Podemos plantea una nueva ley de Educación para «revertir los procesos de privatización y segregación» que impiden «que la educación cumpla su función de igualador social».