PSOE, Podemos y ERC negocian que el castellano no sea vehicular en Cataluña

El Gobierno cede a los partidos nacionalistas el control del idioma en que se debe enseñar en las aulas. PSOE, Podemos y ERC negocian una enmienda transaccional a la Lomloe o «Ley Celaá», que ahora se tramita en el Congreso, y que prevé que el castellano ya no sea lengua vehicular en Cataluña y que por tanto no tenga por qué ser la lengua en que se enseñe las matemáticas, la historia o cualquier otra asignatura. Se trataría, así, de blindar el catalán como lengua vehicular en la enseñanza, en la que se imparten ya casi todas las asignaturas, exceptuando la de Lengua española y alguna otra más, en el mejor de los casos. Es más, el castellano es ya, en la práctica, una lengua minoritaria en las aulas casi con menos uso aún que el inglés. La todavía vigente Ley de Educación (Lomce) prevé que «el castellano es la lengua vehicular en todo el Estado y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable». Sin embargo, también establece que el castellano debe utilizarse en una «proporción razonable». La iniciativa tiene un alto contenido simbólico para los nacionalistas, que pretenden que el catalán sea la única lengua en la que se imparta la enseñanza, pero no está claro el encaje jurídico que tendría. Y es que el Tribunal Constitucional ya dejó claro en una sentencia de 1993 que el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular, como tampoco el catalán, porque la propia Constitución española establece el modelo de bilingüismo integral. Lo que no dejó claro es en qué proporción debería estudiarse cada lengua. Eso ya lo hizo el Tribunal Supremo en otra sentencia posterior, en 2010, que resolvió que debía ser el 25% de la enseñanza. Es decir, el equivalente a dos asignaturas. En la práctica, la realidad es que en las guarderías se habla en todo momento a los niños en catalán y en el resto de etapas sólo se imparte en castellano la asignatura de Lengua española. De ahí que muchos padres hayan acudido a los tribunales para garantizar que sus hijos reciban al menos ese 25% de escolarización en castellano, aunque son tantas las trabas que, actualmente, la mayoría desiste.

El Grupo Socialista en el Congreso confirmó que la expondrá el jueves en la Ponencia para la reforma de la ley, mientras que Podemos asegura que «no está cerrada», pero ERC ha confirmado que «el objetivo de la enmienda es blindar el catalán como lengua vehicular». La portavoz del PSOE en la Comisión de Educación, Luz Martínez Seijo, justificó el cambio con el argumento de que «la lengua vehicular no es un término que aparezca en la Constitución» y «busca asegurar el derecho a estudiar y aprender ambas lenguas por igual». Después, la ministra portavoz, María Jesús Montero, admitió que «hay que hablar y dialogar con el conjunto de fuerzas».

La portavoz del PP de Educación, Sandra Moneo, cree que el acuerdo del PSOE con Podemos y sus socios independentistas para excluir el castellano como lengua vehicular en la educación «es un auténtico atropello que vulnera los principios más esenciales de derechos y libertades que se recogen en nuestra Carta Magna. En su opinión, “el futuro de las futuras generaciones no puede usarse como moneda de cambio para que el señor Sánchez pueda seguir en La Moncloa. El PP defenderá los derechos constitucionales hasta el final presentando las iniciativas que sean necesarias”, ha sentenciado.

Por su parte, la portavoz de Cs, Marta Martín, advirtió de que “es gravísima toda la Lomloe" ahora se tramita de manera “exprés” sin comparecencias parlamentarias para que pueda estar aprobada a final de año.

La escolarización en castellano en Catalaluña ha sido origen de una intensa batalla judicial y política. El ex ministro José Ignacio Wert, famoso por querer “españolizar” a los niños catalanes, llegó a crear una vía excepcional en la disposición adicional trigésimo octava de la Lomce para garantizar la escolarización en castellano para las familias que lo quisieran en las comunidades con lengua propia si no había centros públicos en los que esto fuera posible. Los padres adelantaban el coste que luego les reembolsaba el Ministerio de Educación al final del curso. El importe, a su vez, le era descontado a Cataluña por el Gobierno de los fondos de financiación autonómica. Esta vía finalmente quedó eliminada.