El socio de Laura Borràs: «Imagínatela de ministra y dándome trabajo»

La Sala II del Tribunal Supremo ha abierto hoy procedimiento penal a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs Castanyer para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cuando la aforada era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En concreto, investigará la adjucación por Borras, directa o indirectamente, de un total de 18 contratos menores a su “amigo” Isaías Herrero, por valor de 259.863 euros. El tribunal designa instructor de la causa al magistrado de la propia Sala II Eduardo de Porres, conforme al turno prestablecido. Herrero también será investigado por el Supremo.

El Supremo destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”. Será el magistrado Eduardo de Porres Martín de Urbina el encargado de realizar la instrucción de la cuasa y proponer, una vez acabada la misma, que se entre en la fase previa al enjuiciamiento o, por el contrario, se decrete el archivo de las actuaciones si llega a la conclusión que no se incurrió en delito alguno.

El Supremo extiende su competencia, además de a Borràs, a Isaías Herrero Florensa, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada, sin perjuicio de que el instructor, a la vista del resultado de la investigación, pueda proponer a la Sala lo que considere pertinente.

El Supremo destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, "podrían ser constitutivos de los cuatro delitos señalados.

Tres indicios

En concreto, el auto de la Sala refleja los tres principales argumentos que se destacan en la exposición razonada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. En primer lugar, alude al hecho de que durante los años 2013 a 2018, cuando Borrás ocupaba la dirección de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), órgano de contratación, procedió desde la misma, de acuerdo con Isaías Herrero Florensa, con quien mantenía “una relación personal de amistad", al fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, “reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros, para, incumpliendo las normas aplicables, evitar el procedimiento administrativo pertinente”. El objetivo de todo ello era favorecer a Isaías Herrero, directamente o a través de otras entidades tras las que se “ocultaba”. Además, “propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio contratado, conformó la factura correspondiente y autorizó el pago”

El segundo indicio al que alude la Sala se refiere a cómo en la exposición razonada consta que, aunque no era exigido legalmente, la práctica de la Generalitat de Cataluña consistía en exigir antes de la adjudicación, la existencia de tres presupuestos, con la finalidad de elegir la opción más ventajosa, por lo que Laura Borrás e Isaías Herrero, «de común acuerdo, aportaban diversos presupuestos confeccionados por ellos mismos pero a nombre de otras entidades que no habían participado en su elaboracíon ni habían autorizado su presentación".

Y, en tercer lugar, cómo se hace constar por el juzgado que el importe correspondiente a los contratos adjudicados a Isaías Herrero no se correspondía con el precio real del servicio prestado, «entre otras razones porque las facturas incluían en el importe final la cuantía de gastos variados a los que Isaías debía hacer frente al recurrir a las entidades tras que se ocultaba su identidad».

Según la instrucción realizada hasta el momento existen indicios de la intención de dotar una “falsa apariencia de transparencia” al procedimiento de contratación y poder justificar que la oferta de Herrero era la más ventajosa".

En la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, adelantada por este periódico, se recogen algunos de los correos y conversaciones intervenidos a Herrero, en los que se vendría a acreditar esos indicios y la relación existente entre ellos. Así, en una de ellas, comenta cómo es su relación con Laura Borrás y la influencia de ésta en la adjudicación de contratos: “Hombre claro, por yo con la Borrás, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allí ...pero que yo tengo que hacer el presupuesto bueno y...o sea tengo que hacer dos presupuestos buenos y cuatro de no buenos...”; “(...)lo jodido es si la Borrás deja de ser directora...”

Los presuntos «trapicheos» entre Borras y su «amigo» Isaías Herrero

En estos correos recogidos en la exposición razonada se vienen a recoger los presuntos «trapicheos» entre Borras y su «amigo» Isaías Herrero. En uno de ellos, Herrero reconoce que le resultaba extraño y complicado tener que hacer un «trapi», es decir, facturar por no más de 18.000 euros, aunque el presupuesto se hizo «contemplando los 40.000 euros».

Por esa circunstancia, le pide que le diga. En otro correo, Herrero comenta a su socio la relación que tenía con Borrás: «imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto, pues de puta madre».