Pazo de Meirás: segundo asalto entre Moncloa y la familia Franco

En trámite de reactivarse la Ley de Memoria Histórica a través de una iniciativa parlamentaria que el Gobierno llevará al Congreso, vuelve a la actualidad un frente ya abierto con los herederos de Franco: el litigio judicial para decidir la devolución o no del Pazo de Meirás al patrimonio público.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña acoge hoy la audiencia previa al juicio sobre este inmueble, que en los últimos años ha protagonizado un sinfín de reclamaciones desde Galicia para que vuelva a ser integrado en los bienes del Estado, frente a la teoría de los Martínez-Bordiú Franco de que el pazo fue una donación del pueblo gallego al dictador.

La Abogacía del Estado abrió el pasado mes de julio esta causa sobre la residencia veraniega de Franco en Sada (A Coruña). La Xunta de Galicia y los ayuntamientos de Sada y A Coruña comparecerán como parte en un proceso en el que también ha solicitado su incorporación la Diputación de A Coruña. Los Franco estarán representados por el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina. La cita de hoy, aunque se ofrecerá a las partes intentar un acuerdo, concluirá con la fecha de un juicio que no tardará en celebrarse.

El Pazo de Meirás fue declarado bien de interés cultural (BIC) por el Gobierno gallego bipartito –PSdeG y BNG– en 2008. Nueve años después, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público. En 2018, la Cámara gallega recibió el dictamen y aprobó por unanimidad instar al Ejecutivo central a realizar las gestiones legales para recuperar el pazo. El pasado verano, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda para reclamar la devolución.

La petición se basa en un documento del 3 de agosto de 1938, firmado ante notario. En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después a Franco, fue «fraudulento», porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular, y la transacción sería nula.

Utrera-Molina defiende que «el título por el cual se adquirió el Pazo de Meirás es absolutamente válido y legítimo y exactamente legítimo es el título de propiedad de mis clientes. Y eso quedará demostrado sin ningún género de dudas».

Por su parte, Juan Chicharro, presidente de la Fundación Franco –que gestiona las visitas al pazo– sostiene que es «una propiedad privada como consecuencia de la cesión que en su día le hizo al general Franco la sociedad gallega liderada por el conde de Fenosa».

«Lo que no aguanto es que se ponga en duda la honorabilidad del Generalísimo», apunta Chicharro, que reitera la importancia que tuvo para Galicia «la presencia en verano durante tantos años de Franco». «Fue muy beneficiosa, basta ver El Ferrol de entonces y el de ahora», dice.

Sigue así adelante un escenario del todo previsible para los Franco porque, si ya el PSOE en solitario había dejado clara su estrategia –culminada en parte con la exhumación el pasado 24 de octubre–, su actual socio en el Gobierno, Pablo Iglesias, ha señalado que la coalición de izquierdas «recuperará para el patrimonio nacional lo antes posible el Pazo de Meirás», en una operación más amplia contra lo que consideran bienes «expoliados» por el régimen.