Delgado defiende que su paso por el Gobierno “fortalece” sus méritos para ser fiscal general

La ex ministra de Justicia Dolores Delgado ha asegurado ante la comisión de Justicia del Congreso, en su último trámite para convertirse en la nueva fiscal general del Estado, que su actuación estará guiada “por los principios de la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y por el interés público”. Consciente de que la oposición le señala como el apagafuegos de la judicialización del proceso independentista en Cataluña, Delgado ha insistido una y otra vez en que la Fiscalía debe ser “autónoma” ante el Ejecutivo.

Asimismo, ha reivindicado su paso por el Gobierno. “Si se parte del concepto de servicio público -ha asegurado respecto a su paso sin solución de continuidad al cargo de fiscal general- el hecho de haber desempeñado el cargo de ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza”. Para la ex titular de Justicia, es “injusto” situar a la Fiscalía bajo una “permanente sospecha” al albur de los “vaivenes políticos”.

Para intentar ahuyentar, precisamente, “las indeseables sospechas de injerencia” del Ejecutivo en el Ministerio Público ha apostado por desvincular a la Fiscalía del Ministerio de Justicia, como sucede en otros países, convirtiéndola en un “poder central”. La ex titular de Justicia se ha comprometido a defender de forma “radical” la “imparcialidad” e “independencia” de la institución. Y se ha reinvindicado: “Mal me conocen quienes piensen que voy a traicionar los principios que me han traído hasta aquí”. “Me avala -ha añadido- mi trabajo en la Fiscalía, en la trinchera y en los despachos”.

“Las víctimas seguirán siendo mi guía y mi horizonte”, ha asegurado Delgado, que apuesta por dejar en manos de los fiscales la instrucción de las causas -como ya apuntó también ante la comisión de Justicia su sucesor al frente de Justicia, Juan Carlos Campo- y por no abandonar la luchar contra la corrupción, “una verdadera carcoma de las instituciones democráticas”. Para ello, ha anunciado que reforzará la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Tras superar este postrero trámite de idoneidad -puramente formal, pues la opinión de la comisión no es vinculante y ni siquiera se vota-, el Consejo de Ministros del próximo martes formalizará la designación de Delgado como nueva fiscal general, lo que permitirá a la ex ministra prestar juramento o promesa ante el Rey y tomar posesión del cargo en el Tribunal Supremo (TS).

La candidata del Gobierno de Pedro Sánchez para sustituir a Dolores Segarra al frente de la Fiscalía General del Estado ya consiguió el pasado 16 de enero el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque se trataba únicamente de constatar que cumplía los requisitos formales para el cargo (ser jurista de reconocido prestigio con 15 años de experiencia), el órgano de gobierno de los jueces le avaló con solo doce votos a favor y siete en contra. Los vocales discrepantes esgrimieron que su salto meteórico desde el Ministerio de Justicia y su condición de diputada del PSOE comprometen la imagen de autonomía e imparcialidad de la Fiscalía que está llamada a dirigir.

Antes de incorporarse al Gobierno de Pedro Sánchez como titular de Justicia en la pasada legislatura, Delgado ejerció durante 25 años como fiscal en la Audiencia Nacional, donde fue portavoz de la Fiscalía y coordinó las investigaciones de terrorismo yihadista. Reprobada en tres ocasiones por el Parlamento a instancias del PP, su peor momento en el Ejecutivo socialista le llegó al difundirse la grabación de unas conversaciones durante una comida que compartió en 2009 entre otros con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional por el “caso Tándem” desde noviembre de 2017.