Un país sumido en la incertidumbre mira hacia Moncloa esperando a que se decrete el Estado de alarma como respuesta al avance del coronavirus, mientras los miembros del Gobierno de coalición vuelven a exhibir sus diferencias por el alcance de las medidas a tomar. El Consejo de Ministros se ha reunido a primera hora de esta mañana y, siete horas después, seguía enclaustrado para perfilar las directrices que imperarán en los próximos 15 días de excepcionalidad. Estaba prevista la comparecencia de Pedro Sánchez a las 14 horas, una previsión que ha sido superada y pospuesta sistemáticamente hasta alcanzar un acuerdo con sus socios de coalición que parecía no llegar. Ya se anticipa que la cuestión “va para largo” y finalmente el Consejo de Ministros ha finalizado pasadas las seis de la tarde.

El principal escollo se ubica en el ámbito económico, aunque también hay ciertas reticencias respecto al peso que tendrían los morados dentro del Ejecutivo en esta nueva situación. Existe, según fuentes bien informadas, un fuerte debate interno sobre las ayudas financieras a los afectados por el coronavirus que no se ha resuelto y que se aplaza a la próxima semana. El Ejecutivo filtró al mediodía un borrador del decreto, a modo de globo sonda, en el que no figuraba ninguna ayuda más allá de los aplazamientos y líneas de crédito anunciados hace unos días. Y esto se debe al desacuerdo existente en el seno del Gobierno. De un lado y liderado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, y por otro, Pablo Iglesias. Desde el sector socialista se defiende un estilo más conservador para no aumentar el gasto de manera desproporcionada y desde el sector morado se aboga por parar la producción y dotar de ayudas a todos los trabajadores que se queden sin trabajo. La falta de ambición en las medidas del citado borrador y el hecho de que el control de la crisis quede en manos de cuatro ministerios (Sanidad, Defensa, Interior y Transportes), ninguno de ellos de los morados, también ha tensionado el clima.

Que el borrador del decreto prevea que Sanidad e Interior puedan asumir competencias que algunas comunidades tienen transferidas, como es el caso de País Vasco y Cataluña, ha generado otro frente al Gobierno fuera de los muros de Moncloa. El lendakari Iñigo Urkullu y el president de la Generalitat, Quim Torra, han unido fuerzas para reclamar que no se de un intervencionismo que han calificado de “155 encubierto”. Ambos, son socios imprescindibles del Ejecutivo si necesita que el Estado de alarma se extienda más allá de los 15 días que figuran en el texto. Una eventual prórroga se tendrá que aprobar en el Congreso y si Sánchez no cuenta con estos votos, necesitará obligatoriamente los de la derecha.