Iglesias se impone y ahonda la soledad de Calviño

El último Consejo de Ministros celebrado el domingo, tanto en su versión inicial como en las conversaciones posteriores que se prolongaron hasta la publicación en el BOE del decreto de hibernación económica, volvió a dejar patente la existencia de dos visiones dentro del Ejecutivo en torno a cómo se debe afrontar la actual crisis. La sanitaria, pero también la crisis económica y social que se avecina una vez la curva de contagios se aplane y se articule el desescalamiento del estado de alarma. Fuentes del Gobierno reconocen la contraposición de esas dos recetas frente al coronavirus, pero la enmarcan dentro del debate lógico que tiene que producirse en el seno de un «equipo diverso», con integrantes de varios partidos –PSOE, Podemos e IU– y con distintos enfoques frente a una misma realidad.

El último episodio de fricción se vivió al debatir los detalles del decreto de paralización de la actividad económica no esencial. Desde Podemos, tanto por parte de sus ministros como del grupo parlamentario en el Congreso, ya se trasladó al presidente Sánchez desde varios hace días una urgencia: endurecer el confinamiento, reducir al máximo posible la movilidad de los trabajadores. Los morados se alineaban así con los presidentes autonómicos y los partidos que exigían el cierre total de los sectores económicos no vinculados con la emergencia sanitaria o con el abastecimiento de productos de primera necesidad. Podemos insistió en ello incluso en el debate que la Cámara Baja acogió el pasado miércoles para aprobar la prórroga del estado de alarma. «Niveles mayores de restricción de movimientos», fue el mensaje que los de Pablo Iglesias intentaron que Sánchez asumiera. No lo lograron. Podemos respetó el liderazgo del presidente en este terreno. Todo cambió, sin embargo, cuando el comité técnico, pocas horas después, puso esta medida encima de la mesa. Una vez asumida esta tesis por parte de Sánchez y de su núcleo duro, la batalla se presentó a la hora de definir cuáles debían ser las actividades esenciales delimitadas en el Boletín Oficial del Estado. Hasta dónde debía llegar el endurecimiento del confinamiento. Y ahí volvió a ponerse de manifiesto una división, que, en este caso, no atendió exclusivamente al color de las formaciones que integran la coalición. De un lado, un sector cada vez más minoritario liderado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que apuesta por una intervención menor en la economía, esto es, alejarse lo más posible de una paralización total que, según su diagnóstico, haga más profunda la futura recesión. En el otro extremo, el vicepresidente Iglesias, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y algunos ministros socialistas. No hay, aclaran desde el propio Ejecutivo, «diferencias abismales». Ni tampoco prioridades contrapuestas. «No se está enfrentando salud y economía», aclaró ayer el ministro de Sanidad. Lo que sí es evidente es un pulso entre dos visiones que volverán a visualizarse con motivo de las medidas que el Ejecutivo apruebe hoy sobre los alquileres y en la posible articulación de una renta mínima.

En el sector socialista se afanan en negar cualquier discrepancia. Aseguran que el retraso en alumbrar el decreto, esto es, su publicación en el BOE al filo de la medianoche, cuando el Consejo de Ministros supuestamente había aprobado el texto 12 horas antes, obedecía a la «complejidad» del texto y al reto que suponía elaborarlo «de un día para otro». Es, precisamente, esa improvisación la que ha protagonizado todo el proceso y deja un poso inexperiencia. Sánchez decidió de manera unilateral poner en marcha la paralización productiva del país en solo 24 horas. El miércoles había rechazado ante el Congreso de los Diputados que fuera necesaria y el viernes comenzó a abrirse en cierta medida a su aplicación, como defendían desde hace días algunos miembros de su Gabinete, pidiendo opinión a los ministros en la reunión extraordinaria del Consejo. A los ministerios se les dio la orden de elaborar borradores de las medidas a tomar, si fuera necesario agravar el confinamiento, si así lo consideraban los expertos.

La decisión se trasladó a los representantes de sindicatos y empresarios solo minutos antes de anunciarse públicamente en rueda de prensa en Moncloa, con el consiguiente enfado de la Patronal. Y solo un día después de que algunos ministros hubieran negado a sus homólogos en las Comunidades Autónomas que se fuera a aprobar el citado parón productivo. Aunque el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, defendió ayer que se debía anunciar y aplicar de manera inmediata para que la medida fuera efectiva, lo cierto es que este modo de actuar, de manera sorpresiva, dejaba importantes lagunas como las de algunas industrias que no pueden parar de la manera repentina que el Gobierno requería. Esto obligó, a rehacer el decreto ley sobre la marcha e introducir una disposición transitoria en la que se recogía que, en estos casos, se permitiría una moratoria de 24 horas para que durante el día de ayer se acudiera a trabajar, pero no para desarrollar la jornada con normalidad, sino para preparar todo lo necesario para interrumpir la actividad como se había prescrito.