El impuesto a los “ricos” de Iglesias abre otra grieta con Montero

La creación de un impuesto específico a las grandes fortunas ha sido siempre uno de los objetivos de Podemos en materia fiscal. Sus recurrentes críticas a personas como Amancio Ortega o Juan Roig entroncan con su nada oculta intención de elevar los impuestos a aquellos que ostentan un mayor patrimonio.

Ha sido un punto recurrente en sus programas electorales, que los de Pablo Iglesias han tratado además de incorporar a la agenda de sus negociaciones con el PSOE, primero en la que desembocó en el proyecto de Presupuestos para 2019 y, más tarde, en el acuerdo de coalición del pasado enero.

Nunca lograron esa meta y en este último documento, suscrito por Iglesias y Pedro Sánchez días antes de que el líder de Podemos fuera nombrado vicepresidente, únicamente fue incorporada una vaga referencia de cara a explorar esta vía a lo largo de la legislatura sin precisar cómo ni a través de qué instrumento: «Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo», fue el literal incluido en su acuerdo de coalición.

Meses después de suscribir aquello, Podemos vuelve a la carga. De hecho, una de las medidas que este grupo parlamentario llevará a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica creada en el Congreso para hacer frente a la crisis provocada por la actual emergencia sanitaria consiste en la implantación de un impuesto a las grandes fortunas. Una «tasa Covid» o tasa de reconstrucción que buscaría, según la formación de Iglesias, recaudar, en combinación con otras figuras impositivas –como, por ejemplo, las orientadas a gravar a la banca y a las transacciones financieras–, un total de 11.000 millones de euros, lo que equivale a un 1% del PIB.

La propuesta que llevará Podemos a la mesa de reconstrucción, tal y como confirman fuentes de este partido a LA RAZÓN, será la de que este Impuesto a las Grandes Fortunas sustituya al actual Impuesto de Patrimonio. Su eventual implantación afectaría a los patrimonios superiores a un millón de euros, de forma progresiva, de forma que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los 1.000 patrimonios más altos, es decir, aquellos con una fortuna superior a los 100 millones.

En ese cómputo, según recoge esta propuesta, quedaría exenta la vivienda habitual hasta 400.000 euros. Se aplicaría un 2% para patrimonios netos a partir de un millón de euros. Desde esa cantidad, se establecerían otros tres tramos con un recargo de medio punto progresivo en función del patrimonio: un 2,5% a partir de los 10 millones de euros; un 3% a partir de los 50 millones; y un 3,5% a partir de los 100 millones. Además de sustituir al actual Impuesto de Patrimonio, la propuesta de Unidas Podemos recoge que no podrá bonificarse por las comunidades autónomas, es decir, que su aplicación sería común y obligatoria para todas las regiones.

Los de Iglesias justifican la implantación de un Impuesto a las Grandes Fortunas en el hecho de que «el aumento de la desigualdad de la renta que se produjo durante la década anterior en España se ha traducido también en una fuerte concentración de la riqueza». Y eso, según su análisis, ha supuesto que «el 1% de la población con mayor patrimonio acapara una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre solo posee el 0,1% de la riqueza».

Las discrepancias fiscales entre los socios del Gobierno obedecen, según los socialistas, a la necesidad de Unidas Podemos de marcar perfil propio. Sin embargo, sobre este asunto no existe consenso dentro de la coalición y prueba de ello es que la cuestión quedó fuera del acuerdo que ambas formaciones firmaron antes de iniciar su andadura conjunta en el Gabinete. La oposición del PSOE a esta propuesta es ya conocida y ha sido reiterada por la ministra de Hacienda en numerosas ocasiones, ayer mismo desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde María Jesús Montero ejerce de portavoz. La negativa de los socialistas supone un torpedo a la línea de flotación del nuevo impuesto, pues los votos del PSOE son imprescindibles para que prospere en el seno de la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso.

Como ya hiciera hace semanas en sede parlamentaria, tras la presentación de una propuesta similar por parte del líder de Más País, Íñigo Errejón; Montero insistió en la necesidad de alumbrar una fiscalidad «justa y progresiva» por la que «los que más tienen, más aporten».

Sin embargo, desligó esta «vocación» del Ejecutivo de la concreción de la medida impulsada por Podemos, asegurando que este objetivo se conseguiría con la mera revisión de las figuras tributarias ya existentes, sin necesidad de una nueva figura «expresa», o por el establecimiento de un tipo mínimo del 15% en Sociedades.

La portavoz quiso restar trascendencia al instrumento en sí que se utilice, señalando que «lo importante es la voluntad de que aquellos que más tienen puedan aportar más para que el conjunto de la sociedad se pueda beneficiar en la distribución de la riqueza en beneficio de los servicios públicos».

En su opinión, esto se puede hacer a través de la revisión de las figuras tributarias existentes actualmente para «adecuarlas a una mayor aportación de los que más tienen» y a que se reciba según las necesidades. El ejemplo que se expone es el del Impuesto de Sociedades que hay que «revisarlo y replantearlo», ya que «comparativamente se aporta más desde la pequeña y mediana empresa que desde las grandes sociedades y grupos consolidados». En este sentido sí existe un compromiso dentro del acuerdo de coalición entre PSOE y Podemos que contempla un tipo mínimo del 15% en Sociedades.